COLIMA, Col. (apro).- Luego de más de un año de reuniones de trabajo con grupos defensores de los derechos de las mujeres, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) expidió el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, en el que se establecen los lineamientos específicos para la indagatoria de este tipo de sucesos. Los lineamientos, que entrarán en vigor el 26 de este mes, obligan a los agentes del Ministerio Público (MP) a “evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor”. El protocolo, basado en parte en postulados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belém do Pará), también prevé que las autoridades ministeriales deberán proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación, darles pleno acceso a los expedientes y canalizarlos a los servicios de atención a víctimas del delito. Entre otras disposiciones, se establece además que en la escena del crimen “por respeto a la dignidad de la persona, base fundamental de los derechos humanos, se evitará fotografiar o videograbar el cadáver, debiéndose tomar las medidas necesarias para evitar que terceras personas lo fotografíen o videograben, salvo para efectos periciales y de investigación que deban constar en la averiguación previa, o ante la presencia de indicios en el cadáver y próximos a éste, que por cuestiones climáticas ambientales corran el riesgo de que se alteren o desaparezcan, quedando en todos los casos estrictamente prohibida su difusión”. El acuerdo que fija las bases para investigar los feminicidios –que ya rubricó Marcos Santana Montes, titular de la PGJE-- fue promovido por organizaciones como Observatorio del Feminicidio en Colima y Radar 4 desde la gestión de la anterior procuradora, Yolanda Verduzco Guzmán, con el apoyo del Observatorio Mexicano del Feminicidio. Según cifras dadas a conocer por la activista Carmen García García, en los últimos años se incrementó el número de feminicidios en la entidad, al pasar de 12 en el 2011 a 20 el año pasado, una cifra que a su juicio es preocupante si se toma en cuenta que el estado apenas tiene 650 mil habitantes. En agosto de 2011, casi dos años antes de la expedición del protocolo, el Congreso estatal había tipificado penalmente el feminicidio de la siguiente manera: “Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer". Y fueron enumeradas siete “razones de género”, entre ellas que exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, una relación laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, o que se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida. Además, que existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público o que la víctima haya sido incomunicada.