Denuncian empadronamiento ilegal en Quintana Roo

jueves, 2 de mayo de 2013
CAMPECHE, Camp. (apro).- El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) presentó una denuncia ante la PGR contra funcionarios que inscribieron a habitantes de 16 comunidades de Campeche como ciudadanos de Quintana Roo, entidad donde este año habrá elecciones. Esas localidades están en la franja territorial que Quintana Roo disputa a Campeche. La demanda la interpuso Antonio Sabido Góngora (presidente del IEEC) ante la Procuraduría General de la República (PGR). En la denuncia recapituló que el 24 de julio de 2012, mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-017-12, el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó una redistritación electoral que incluía diversas poblaciones de Campeche. El IEEC dio a conocer las poblaciones afectadas mediante un acuerdo del 16 de octubre de 2012. Sabido Góngora dijo que ciudadanos campechanos de las 16 poblaciones involucradas rechazaron el acuerdo del Ieqroo y presentaron juicios de protección de sus derechos político-electorales, el 9 de noviembre de 2012. Las demandas fueron integradas en el expediente SUP-JDC-3152/2012, y el 30 de enero de 2013 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en favor de los ciudadanos quejosos, revocando el acuerdo impugnado. En su determinación, el TEPJF ordenó al Ieqroo emitir “de manera inmediata un diverso acuerdo de conformidad, que no incluya en su nueva demarcación territorial a las comunidades en donde habitan los actores y que, en particular, corresponden al municipio de Hopelchén o Calakmul, Campeche, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia territorial en cuestión”. El Ieqroo acató esta orden, emitiendo el acuerdo IEQROO/CG/A-039-13, en el que precisa que las 16 localidades no corresponden a ninguna sección o distrito electoral de Quintana Roo. Sin embargo, Sabido Góngora dijo que Juan Álvaro Martínez Lozano, vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) en Quintana Roo, y Ricardo de la Rosa Ruiz, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en dicha entidad, “deliberadamente convocan a la ciudadanía ubicada en las comunidades referidas y los registran como electores quintanarroenses. “Esto puede fácilmente observarse en las diferentes entrevistas que han dado a diversos medios de comunicación”, dice y transcribe una de ellas publicada en el diario Respuesta de Quintana Roo, el 13 de febrero pasado: “Nosotros recibimos el Anexo Técnico del Ieqroo pero eso no altera nuestra labor, incluso pese al dictamen del TEPJF continuamos empadronando y fotocredencializando en las 16 comunidades en cuestión”, dijo el funcionario del IFE. Añadió que, por su parte, el vocal del RFE “expresó que existen campañas de fotocredencialización en las 16 comunidades donde radica la población inconforme por la redistritación, y en ellas habitan aproximadamente mil 400 ciudadanos en condiciones de votar en comicios de Quintana Roo”. Sabido Góngora explicó que, a su juicio, “el delito estriba en que los antes señalados son funcionarios públicos que tienen pleno conocimiento del carácter definitivo e inatacable de la resolución emitida por el TEPJF, y pese a ello continúan inscribiendo al RFE y otorgando fotocredenciales a habitantes de las 16 localidades materia de la sentencia, ubicándolos en las secciones y distritos de Quintana Roo”. “Con su actuar han generado inestabilidad social en el municipio de Calakmul, puesto que aun cuando ha sido definido que tales poblaciones corresponden al estado de Campeche, otros habitantes de dichas comunidades han promovido juicios para la protección de derechos político-electorales en contra del acuerdo IEQROO/CG/A-039-13”, acusó. “Alegan lo anterior en razón de haber sido inscritos y obtener una credencial que no corresponde a su domicilio, como exige el numeral 6 punto 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Se trata de hechos reiterados en los que interviene una pluralidad de agentes, quienes al conducirse con falsedad en el desempeño de sus funciones y de sus derechos electorales transgreden los principios de certeza y objetividad a que se encuentra sujeto el RFE. “Máxime que con dichos actos se violentan las reglas y mecanismos que corresponden a la etapa de preparación de los procesos electorales, a que se encuentra sujeta la preservación de la integridad de la documentación electoral. Es por ello que las conductas atípicas cometidas en su perjuicio son perseguibles en todo momento no sólo durante los procesos electorales”, insistió. En su acusación, el presidente del IEEC señala que “de manera sistemática y en cuando menos 514 ocasiones se han inscrito y concedido credenciales para votar en las 16 poblaciones vinculadas a la sentencia de fecha 30 de enero de 2013, en secciones y distritos que no corresponden al estado de Campeche, hecho que es fácil de advertir en los estrados electrónicos del TEPJF, cuando se tienen 514 inconformes por el reconocimiento de su pertenencia al municipio de Calakmul y al estado de Campeche”. Sabido Góngora acompañó su denuncia con el listado de los ciudadanos inconformes y se remitió al artículo 6 punto 2 del Código Federal de Procedimientos Electorales, el cual señala que “el derecho a votar o ser votado lo ejercerán los ciudadanos en la sección que comprenda su domicilio, elemento que sitúa geográficamente los derechos de los individuos y que de acuerdo al Artículo 29 del Código Civil Federal, como tal se deberá entender el lugar donde las personas físicas residen”. Sostuvo que en este caso la residencia “adquiere un valor preponderante”. “Para el caso de que cualquier ciudadano hubiere solicitado la reposición de su credencial o su inscripción por vez primera, y en dicho trámite señale motu proprio o por inducción de la propia autoridad electoral adscrita en Quintana Roo, que su domicilio corresponde a dicha entidad federativa, en ambos casos se están reiterando datos falsos, pues no se trata de una simple desatención o un error en su cita. “Los mecanismos de certeza que ha concebido el propio IFE requieren de diferentes elementos de validación que por sí solos carecen de trascendencia legal sino hasta en tanto todas estas conductas e instrumentos convergen en generar la ficción de que ninguna de las 16 poblaciones corresponde a las secciones y distritos electorales del estado de Campeche”, señaló.

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