GUANAJUATO, Gto. (apro).- El juez séptimo penal de León, Mauricio Rogelio Flores Saldaña, dictó auto de formal prisión a los funcionarios del Instituto de Salud Pública del Guanajuato (Isapeg) Gregorio Martín del Campo y Fernando Guiza Suárez, involucrados en un fraude por casi siete millones de pesos a dicha dependencia. El juez determinó la medida dentro de la causa penal 79/2013, que se sigue a raíz de una denuncia interpuesta el año pasado por la actual Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, cuando era la Secretaría de la Gestión Pública. Esta es una de las siete denuncias que por diversas irregularidades cometidas por servidores públicos en el Isapeg, principalmente en adquisiciones y compras, presentó la dependencia ante la Procuraduría de Justicia. El juez había fijado una fianza para los dos funcionarios detenidos de 6 millones 884 mil pesos para garantizar la reparación del daño, y una caución por otros 500 mil pesos, montos que no habían pagado hasta hoy. En las próximas horas, en este mismo juzgado y por el mismo asunto se determinará la situación legal de un tercer detenido, Javier Razo Carrillo, quien habría participado en la simulación de la compra de material de curación y quirúrgico, que fue pagado del erario público pero nunca ingresó a la bodega de la dependencia. Hoy el tema fue motivo de debate en el Congreso del Estado, cuando los diputados del PRI Gerardo Zavala Chávez y Yulma Rocha Aguilar exigieron al gobernador, Miguel Márquez Márquez, pedir cuentas al actual secretario de Desarrollo Social y Humano, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien fue titular de la Secretaría de Salud hace un sexenio y también ocupó dicho cargo en el último año del gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez, supuestamente cuando se habrían cometido los ilícitos denunciados. Incluso, Gerardo Zavala planteó la conveniencia de que el gobernador separe de su cargo a Ramírez Barba y a aquellos funcionarios “que se hayan visto involucrados de una u otra forma en estos lamentables hechos, y con ello faciliten las tareas investigadores y de justicia”. También desde la tribuna del Congreso, la priista Yulma Rocha acusó al gobernador de “querer lavarse la cara con estas detenciones” mientras en su administración no ha cumplido con el tema de la transparencia al haber asignado de forma directa varios contratos para seguridad y suministro de medicamentos del Seguro Popular, entre otros asuntos. “Celebramos que se hayan dado estas detenciones, que vengan de una investigación, pero nos parece sospechoso que en el marco de un escándalo como la licitación accidentada, asignación directa de la compra de medicamentos, sospechosamente se dé la detención de los funcionarios”. Según la diputada, Miguel Márquez únicamente quiere “salir del paso” para no dar explicaciones sobre las asignaciones directas por montos millonarios, las cuales calificó de poco transparentes, y asumió este caso de fraude como una prueba más de que sería necesario crear en el Congreso del estado una comisión especial para investigar los hechos de corrupción del sexenio pasado. En este tono, el PRI pidió al gobernador panista hacer un alto en el ejercicio de su gobierno y, en referencia al actual titular de Desarrollo Social y Humano —y exsecretario de Salud— “medir con la misma vara y dejar de proteger a funcionarios de alto nivel del sexenio de Oliva que ahora están dentro de su gobierno”.