XALAPA, Ver. (apro).- Familiares de los ocho policías desaparecidos desde hace 120 días en el municipio Úrsulo Galván enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que piden su intervención porque “ya estamos cansadas de dar vueltas ante el gobierno de Veracruz para saber qué pasó con nuestros familiares” y no obtenemos ninguna respuesta. “Los veracruzanos somos víctimas de la ola de violencia, que está desbordada en todo nuestro estado, con extorsión, amenazas, intimidación, secuestros, robos, asaltos a plena luz del día a civiles y, como en nuestro caso, a policías municipales o tránsitos. “Lo peor de todo esto es que quienes principalmente están llevando a cabo estos actos son personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, las famosas policías tácticas (sic), pero viene lo peor, pues cuando uno puede identificar a los delincuentes y acude con el primer mandatario en el estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, éste no da la cara”. En la misiva de fecha 22 de abril, los familiares de los policías desaparecidos argumentan que ya se cansaron de tocar puertas en la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y en la recién creada Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito, pues en ninguna de esas dependencias han encontrado un respaldo a su demanda. “Nosotras ya estamos cansadas de dar vueltas ante el gobierno de Veracruz para saber qué pasó con nuestros familiares, por ello acudimos ante la CNDH. Un visitador de la dependencia ya acudió recientemente para saber qué paso con los seis elementos operativos y dos mandos de Úrsulo Galván, quienes fueron reportados como desaparecidos”. En conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, Verónica Rivera y Rosario Sáyago Montoya recriminaron que no haya resultados o alguna pista concreta del paradero de sus familiares, pese a que han pasado cuatro meses desde que se les vio por última vez y de que existe la presunción de que fueron detenidos por efectivos de la SSP. También lamentaron que los “levantones” de policías se hayan producido en municipios como Alvarado, Puente Nacional, Tierra Blanca y Coatepec. La diferencia con los desaparecidos de Úrsulo Galván es que esos policías corrieron con la suerte de ser grabados al momento de su captura por parte de fuerzas estatales o federales y, por tanto, después de ser investigados han sido liberados, despedidos o, en el peor de los casos, encarcelados. Luego de recordar que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatales por no ahondar en las investigaciones para dar con las víctimas, las mujeres. En la misiva señalan que observan un Veracruz sangriento, violento y en donde muchas de las desapariciones forzadas son propiciadas por cuerpos tácticos de la SSP. Copias de la carta fueron enviadas a las cámaras de Diputados y de Senadores, así como a los líderes nacionales de los distintos partidos políticos que hay en el país. “Pedimos que intervenga en nuestro lindo, hermoso e inigualable, pero inseguro, peligroso y sangriento estado de Veracruz; nosotras en carne propia hemos sido víctimas de la violencia y desaparición de nuestros familiares, ocurrida el 11 de enero, cuando éstos salieron a su recorrido de costumbre. “Cerca de las siete de la noche y en la comunidad perteneciente a El Arenal fueron interceptados por cuatro patrullas y encañonados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pertenecientes a esos grupos tácticos, quienes procedieron a desarmarlos y a someterlos con cinta adhesiva de la denominada cinta canela, los amarraron y les pusieron esposas, para después proceder a golpearlos”, dice la carta. Los policías desaparecidos son: Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Luis Javier Valenzuela González y Aureliano Sánchez Tonil. Desde entonces, esposas, madres y hermanas de los policías han realizado cerca de seis manifestaciones para exigir a la autoridad dé una explicación congruente sobre el paradero de sus familiares, sin embargo, la administración que encabeza Javier Duarte ha optado por el silencio.