VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- En un hecho inédito, el alcalde Humberto de los Santos confirmó la demolición del lujoso gimnasio Sport City, luego de un largo litigio legal que finalmente perdió su propietario, Antonio Espinosa de los Monteros, implicado con excolaboradores de Andrés Granier en millonario tráfico de tierras para viviendas de damnificados por las inundaciones de 2007. De los Santos Bertruy informó que ya se notificó al dueño del inmueble el acatamiento del resolutivo de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de Tabasco –emitido el 24 de abril– para revocar la factibilidad de uso de suelo y licencia de construcción del gimnasio e iniciar los trámites para su demolición. “Vamos a cumplir la ley y todo lo que se tenga que hacer por ley se va hacer; aquí no hay vuelta de hoja. Se tiene que cumplir con el mandato de la ley”, afirmó. Desde el sábado 4, a través de un escueto comunicado, el ayuntamiento de Centro (Villahermosa) anunció que acataba el resolutivo del TCA, y que se iniciaban los trámites para el derrumbe del Sport City, por construirse ilegalmente en una zona para uso habitacional. Lo anterior, después de una larga disputa jurídica entre el abogado Héctor Aceves Fernández y su esposa María del Pilar Herrera Pizaña, en calidad de afectados, y el propietario del Sport City, Antonio Espinosa de los Monteros, quien al edificar el gimnasio dañó varias casas contiguas que el matrimonio Aceves Herrera construyó para vender. Para impedir la demolición, Espinosa de los Monteros acudió a todas las instancias locales y federales y en todas perdió el pleito. En marzo de 2011, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, negó el amparo que solicitó el empresario y ratificó la resolución del TCA que, desde agosto de 2010, ordenó al ayuntamiento de Centro demoler el gimnasio por edificarse ilegalmente en suelo para uso habitacional. Desde 2010, el matrimonio Aceves Herrera impugnó ante el TCA la  “ilegal factibilidad de uso de suelo y licencia de construcción” expedidas por el ayuntamiento de Centro para la construcción del gimnasio. En sus alegatos, lograron acreditar la ilegalidad de las licencias otorgadas en 2007 y 2009 para la construcción y ampliación del gimnasio. En agosto de 2010 la magistrado de la Segunda Sala del TCA, Luz María Armenta León, resolvió la revocación de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo y ordenó “demoler” el Sport City. Ante esta decisión, el empresario y su hermana Ruth buscaron amparo de la justicia federal. El 28 de marzo de 2011, los magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito negaron el amparo, confirmaron la resolución del TCA para demoler el Sport City y ordenaron al ayuntamiento de Centro pagar daños y perjuicios a los afectados. Sin embargo, el ayuntamiento de Centro promovió otros juicios que no prosperaron pero sí retrasaron la demolición del gimnasio. El 24 de abril anterior, el TCA ratificó la demolición del inmueble. El Sport City se encuentra en la exclusiva zona residencial Tabasco 2000 de Villahermosa, una imponente construcción de acero, cemento y vidrios polarizados. Según el abogado Aceves Fernández, el gimnasio es una franquicia del empresario Alejandro Martí, dueño de la cadena de tiendas de deportes Martí, adquirida en Tabasco por Antonio Espinosa de los Monteros, propietario de decenas de gasolineras y tiendas de abarrotes Monterrey, entre otros negocios. En octubre de 2008, durante la administración del priista Andrés Granier, el entonces diputado federal perredista y ahora senador Adán Augusto López Hernández presentó una demanda ante la PGR en contra de funcionarios federales y estatales, así como de particulares, por un millonario fraude en la compra de terrenos para construir viviendas a damnificados por las inundaciones de 2007. Los denunciados, entre otros, fueron el entonces titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Carlos Javier Gutiérrez, así como José Manuel Sáinz Pineda, Héctor López Peralta y Ariel Cetina Bertruy, secretario de Finanzas, de Asentamientos y Obras Públicas y del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), respectivamente. Según la demanda, todos ellos incurrieron en los presuntos delitos de fraude, lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, revelación de secretos, ejercicio indebido y coalición de servidores públicos y ejercicio abusivo de funciones. López Hernández explicó que la Conavi transfirió al gobierno estatal unos 350 millones de pesos para adquirir terrenos donde se construirían 2 mil 500 viviendas para damnificados de la inundación de 2007. La adquisición se hizo a la empresa Suministros del Carmen S.A. de C.V. que, previamente, compró a particulares más de 160 hectáreas, a razón de 500 mil pesos cada una, y tres días después las revendió al Invitab a un millón 400 mil pesos, lo que representó una ganancia de más de 140 millones “para quienes operaron el negocio”. El legislador detalló que la referida sociedad mercantil tiene su sede en Ciudad del Carmen, Campeche, y durante años fue empresa familiar, pero en noviembre de 2007 los tabasqueños Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, sin antecedentes empresariales, compraron Suministros del Carmen y, en febrero de 2008, gastaron más de 100 millones de pesos en la adquisición de los terrenos que, casi inmediatamente, vendieron al Invitab con ganancias de 900 mil pesos por hectárea. También denunció que Cupil Córdova y De la Rosa Santamaría sólo eran “prestanombres” de Espinosa de los Monteros, dueño de la empresa Suministros del Carmen S.A. de C.V., que operó el millonario negocio.