TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Luego de la revuelta del pasado domingo 5, que dejó un saldo de dos muertos y 49 familias expulsadas en Venustiano Carranza, la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) pidió el apoyo de organismos de derechos humanos para frenar cualquier intento de represión en ese municipio. El comisariado de bienes comunales de la OCEZ-CP, José Vázquez Hernández, demandó incluso la presencia de observadores nacionales e internacionales en la comunidad, que actualmente se encuentra “sitiada” por militares y policías estatales. Por su parte, las 49 familias expulsadas de Venustiano Carranza –del grupo opositor a la dirigencia de OCEZ-CP–, cuyas casas fueron incendiadas por sus adversarios, rechazaron la propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello para ser reubicados en otro municipio. En lugar de ello, dijeron, el gobierno debe negociar con los agresores, a fin de garantizarles protección y seguridad. Los agraviados señalaron que fueron agredidos por los miembros de la OCEZ-CP con el apoyo de otras organizaciones sociales campesinas, y acusaron directamente a Carmelo Aguilar Hernández, José Manuel Hernández Martínez, Ismael Díaz Coutiño, Ruli de Jesús Coello Gómez, Sebastián Gómez Vázquez, Antonio García López, José Bernardo Magdaleno Velasco, Abelardo Pérez Abarca, Miguel Santiago Jiménez, Manuel Hernández  Martínez, Miguel Hidalgo, Mariano Pérez Hernández, Francisco Espinosa Hidalgo, José Vázquez Hernández, José Vázquez Martínez e Isidro Molina López. Todos ellos, aseguraron, conforman “un grupo paramilitar y escuadrón de la muerte”. Indicaron que el gobierno estatal pretende reubicarlos en el municipio de Berriozabal, localizado a 10 kilómetros de esta ciudad y a aproximadamente 150 kilómetros del lugar donde siempre han vivido. “Con esta supuesta salida pacífica, nos queda claro que el gobierno de Manuel Velasco Coello está del lado del grupo paramilitar. No aceptamos categóricamente la reubicación, y si el estado no actúa en contra de los paramilitares, nosotros ya lo hemos perdido todo, siempre hemos mantenido nuestra lucha por la defensa de nuestras tierras comunales y lo haremos hasta sus últimas consecuencias. Es mejor quedar tirado en nuestra propia tierra que rodar en tierras desconocidas”, advirtieron. Asimismo, pidieron a organizaciones nacionales e internacionales, así como a organismos de derechos humanos, a grupos campesinos e indígenas y a la comunidad estudiantil, “para que estén atentos a lo que pueda ocurrir y, de ser necesario, manden comisiones que observen lo que ahí pasa”. De igual manera, castigo para los responsables de los crímenes de sus compañeros Jorge Luis Gómez Gómez y Sebastián Martínez Gómez, acribillados a tiros el pasado domingo 5. Con colchonetas y comedores improvisados, las 49 familias expulsadas –seguidoras del excomisario de bienes comunales, Bartolomé Pérez Martínez– se “refugiaron” afuera de las instalaciones de Protección Civil. De acuerdo con un reporte de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, desde el pasado lunes 6 un retén militar se mantiene en la entrada de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de Venustiano Carranza. Ayer por la tarde, agregó, un helicóptero azul con rayas rojas sobrevoló durante 10 minutos la cabecera municipal, en especial el barrio de San Francisco, donde protestaban parientes de los fallecidos. A ese lugar llegó desde ayer el secretario general de Gobierno, Noé Castañón, junto con el procurador Raciel López Salazar y el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca, supuestamente para buscar una negociación.