MÉXICO, D.F. (apro).- Justo un año después de que el PRI fue acusado por el PAN y la izquierda de montar una operación ilegal mediante Monex para lograr el triunfo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, ahora el tricolor revela “acciones soterradas” del panismo y el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, para desviar mil 350 millones de pesos para retener el poder en esa entidad. El presidente nacional del PRI César Camacho Quiroz señaló directamente a Osuna Millán de haber montado “durante año y medio” acciones soterradas “para conseguir no sólo el montaje, sino la operación eficaz de una estrategia diseñada y operada desde el gobierno del estado” para beneficiar al PAN y sus candidatos. En rueda de prensa a la que fueron convocados incluso medios que usualmente no son avisados de los actos públicos del PRI nacional, Camacho Quiroz dijo tener “elementos objetivos” para afirmar que “mil 350 millones de pesos de recursos públicos se han desviado para darle solidez y buscar eficacia en esta estrategia electoral impulsada desde el gobierno del estado”. Según el presidente del PRI, el gobierno estatal utilizó recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) “para pagar brigadistas que ocupan el séptimo nivel en la estructura, y por este concepto se han erogado 36 millones de pesos. Tenemos evidencias de que se han pagado 20 mil pesos a los coordinadores y 12 mil pesos a los brigadistas”. En las oficinas nacionales del PRI, Camacho Quiroz explicó que, de acuerdo con el plan Baja Azul, el gobernador Osuna Millán lleva el alias de El Almirante “como jefe de la estructura y de este programa”. Detalló que María Dolores Murrieta Andrade, quien hoy coordina el programa PET y antes se desempeñaba como empleada de la Secretaría General de Gobierno estatal forma parte de esa “estructura” electoral. De acuerdo con Camacho Quiroz, “el software que han utilizado para echar a andar esta estructura, esta estrategia fue desarrollado en la Secretaría General de Gobierno por una empresa conocida por sus siglas: JOV, como está documentado en el padrón de proveedores de esa dependencia. “Pusieron dos instituciones educativas al servicio de esta operación política ilegal: a la Universidad Tecnológica de Tijuana y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California”, abundó. La estrategia se habría echado a andar en diciembre de 2011 y para julio de 2012 “empataron su listado de lo que ellos llaman convencionalmente (adicionados), con el padrón electoral al que tenemos acceso todos los partidos. Los coordinadores municipales de esta tarea en Tijuana y Tecate son hoy candidatos a diputados; me refiero a Mario Osuna y Patricia Ramírez”. Así, de lo que el PRI a escala nacional fue acusado hace un año por PAN, PT, PRD y MC en los comicios presidenciales, sobre “inducir, desviar, influir en el ánimo del electorado”, hoy el tricolor acusa a su principal contrincante en Baja California: el blanquiazul, que va en alianza con el PRD para la elección a gobernador. El PAN y el gobernador Osuna Millán, advirtió el presidente nacional del PRI, están “atentando contra el libre ejercicio del sufragio” que, “repito, se le han destinado mil 350 millones de recursos públicos”. Camacho Quiroz dijo que la estrategia panista puesta al descubierto “demuestra no sólo la ilegalidad de la medida sino la absoluta carencia de ética política de parte de quienes suelen desgarrarse las vestiduras a través de denuncias que no son capaces de respaldar con documentos, con pruebas, con argumentos sólidos que habrán de ser valorados por las autoridades”. A pesar de todo, el presidente nacional del PRI se pronunció por continuar con el llamado Pacto por México. El próximo domingo 7 habrá elecciones en 15 entidades del país para renovar presidencias municipales y Congresos locales, aunque sólo en Baja California, que ha sido encabezada por el PAN desde hace 24 años, se renovará la gubernatura. Por el PAN en alianza con el PRD contiende Francisco Kiko Vega, y por el PRI, que va unido al PT, Fernando Castro Trenti. En sincronía, el Congreso bajacaliforniano denunció al gobierno estatal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto desvío de mil 350 millones de pesos para la campaña de Vega de Lamadrid. El diputado Gregorio Carranza, presidente del Congreso, interpuso la denuncia formal sobre el supuesto plan Baja Azul, de la alianza Unidos por Baja California que conforman PAN, PRD, Nueva Alianza (Panal) y el Partido Estatal de Baja California. Carranza Hernández es diputado independiente desde hace un mes cuando anunció su simpatía por el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, y su rechazo a la coalición PAN-Panal, partido en el que milita desde su fundación, el cual lo postuló en 2010, también en alianza con Acción Nacional, cuando el legislador era dirigente de la sección 37 del SNTE. La denuncia la presentaron el propio Carranza y el diputado Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente de la Mesa Directiva, quienes fueron comisionados por el Congreso local; en la querella incluyeron testimonios y documentales que supuestamente prueban el desvío de recursos del gobierno que encabeza el panista José Osuna Millán. Una versión señala que la Cámara de Diputados bajacaliforniana recibió documentales y testimoniales del plan Baja Azul, que documenta las transacciones hechas por la administración de Osuna Millán en favor del aspirante panista al gobierno estatal. La denuncia apuntaría a la responsabilidad de al menos 600 funcionarios del gobierno bajacaliforniano, incluido Osuna Millán; su secretario de Gobierno, Francisco García Burgos, y los titulares de Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros. Gregorio Carranza señaló que en esa estrategia estarían involucrados al menos 600 funcionarios de las distintas dependencias del gobierno para comprometer a 400 mil electores a favor del candidato de la alianza PAN-PRD y en la que se utilizaron recursos públicos para la compra de gasolina. Además, aseguró, se echó manos de vehículos oficiales, infraestructura y maquinaria para la instalación de un sistema de llamadas telefónicas (call center), lo que representó un gasto de más de mil 300 millones de pesos. En respuesta, la Secretaría General de Gobierno estatal sostuvo que la denuncia se basa en infundios, puesto que la queja no es resultado de auditorías o de la revisión de cuentas públicas por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Congreso. Francisco Antonio García Burgos, secretario general de Gobierno, calificó de infundada la denuncia, pues "la revisión de las cuentas públicas se hace a través del Orfis, que es un organismo del Congreso del estado que apoya en todo momento en el desempeño de la fiscalización de los recursos públicos, entre ellos del Poder Ejecutivo, lo cual, en este supuesto señalamiento, no se origina de una revisión de la cuenta pública". El funcionario añadió que el Ejecutivo estatal siempre se ha conducido con respeto y ha atendido todas las observaciones del Congreso, aclarando que se mantendrá atento al análisis que realice la Fepade sobre el supuesto desvío de recursos. También indicó que es compromiso del gobierno del estado y sus servidores públicos trabajar de manera íntegra, transparente y apegada al marco legal, y añadió que estarán "al tanto para indicar y aclarar oportunamente cualquier señalamiento sobre lo que se ha hecho en esta administración". (Con información de Antonio Heras)