KILÓMETRO 30, ACAPULCO, Gro. (apro).- En un hecho inédito, el coordinador estatal de la Policía Federal (PF), Omar Hamid García Harfuch, entregó 42 mil pesos a cuatro mujeres por concepto de reparación del daño cometido por agentes; además, asumió el compromiso de que en adelante sus elementos actuarán "con honradez y estricto apego a los derechos humanos". En correspondencia, los pobladores de este lugar, quienes la víspera liberaron la carretera federal México-Acapulco que mantuvieron bloqueada casi 24 horas, asumieron el compromiso de coordinarse con la PF y auxiliar a las autoridades cuando se cometa algún delito. El miércoles por la mañana, al menos 60 policías federales y estatales realizaron un operativo en este lugar emblemático en la geografía del narco en la entidad, donde pobladores denunciaron detenciones arbitrarias y abusos en contra de los habitantes. Durante el operativo, los federales detuvieron a cuatro jóvenes; incluso, dos de ellos fueron golpeados y dejados en distintos puntos del poblado, y dos más, identificados como René Flores Durán y Kevin Cortés, se los llevaron acusados de portación de arma de fuego y posesión de droga, confirmó a Apro el comisario municipal del Kilómetro 30, Ricardo Martínez. Los federales también allanaron y catearon al menos seis viviendas, todas precarias, donde los jefes de familia son mujeres dedicas al comercio, quienes denunciaron actos de rapiña, amenazas y golpes de parte de los uniformados. La acción policiaca desató la ira de los habitantes, quienes trataron de impedir la salida del convoy, provocando un zafarrancho donde los policías federales fueron apedreados. En respuesta, los agentes accionaron sus armas en contra de los civiles, sin que se reportaran personas lesionadas, para luego lograr escapar del lugar, narró el dirigente cetemista dedicado a la industria de la construcción, Iván Arizmendi Nava. Por ello, cerca de las 14:00 horas de ayer, unos 3 mil pobladores decidieron bloquear la vía paralela a la Autopista del Sol y, por la noche, ante la presión ejercida por los habitantes que colapsaron esta importante ruta que conecta con la entrada norte del puerto de Acapulco, las autoridades liberaron a Kevin Cortés, acusado de posesión de mariguana, por "falta de elementos". Mientras, René Flores fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), donde el agente del Ministerio Público Federal lo consignó de inmediato ante el juez octavo de distrito por el delito de portación de una pistola tipo escuadra, señaló el abogado de los inculpados, José Sánchez Sánchez, conocido por representar jurídicamente a las viudas de Aguas Blancas. Esta situación provocó que el bloqueo carretero se mantuviera inalterable. Sin embargo, cerca de las 11:30 de este jueves cuatro mujeres que acusaron a los federales de provocar daños en sus viviendas y robar dinero, así como objetos personales, acudieron a la sede de la PF en Acapulco, acompañadas del defensor legal, donde se reunieron con el jefe de la corporación en Guerrero, Omar García Harfuch. Durante la reunión se firmó un acuerdo que incluyes cuatro puntos para destrabar el conflicto, donde el coordinador estatal de la PF en Guerrero asumió el compromiso de que sus subordinados deberán actuar con "honradez y respeto a los derechos humanos". El mando policiaco también se obligó indemnizar con 42 mil pesos a Karina Melo Contreras, Susana Durán Magallanes, Griselda Solís Juárez y Dolores Aguilar García por concepto de los daños provocados en sus viviendas y el robo de dinero y otros objetos de valor durante el operativo de la PF. Por ello, cerca de las 12:40 fue liberada la carretera federal y se desahogó esta vía, donde estuvieron varados por más de 20 horas decenas de automovilistas y transportistas. Al respecto, el abogado José Sánchez consideró que el reconocimiento público del jefe de la PF en la entidad, sobre los abusos y excesos cometidos por sus elementos policiacos durante el operativo realizado en este lugar, significa un hecho inédito que debe alertar a las autoridades a evitar que la sociedad asuma medidas extremas para exigir respeto a los derechos que protegen la dignidad de las personas. En tanto que el dirigente cetemista, Iván Arizmendi, dijo que la respuesta de la población no fue para proteger a delincuentes, sino para exigir respeto y un cese a la arbitrariedad de las autoridades federales, quienes han estigmatizado a los habitantes de este poblado.