GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió de nueva cuenta la competencia para resolver el amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos que exigen que la Procuraduría estatal investigue los presuntos actos de corrupción cometidos en el DIF estatal en el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez. En varios actos irregulares detectados por la Secretaría de la Gestión Pública (que no fueron conocidos hasta que se ventilaron en medios) aparecen involucrados familiares directos y colaboradores del exgobernador Oliva Ramírez –entre ellos una de sus hijas, su yerno y su consuegra--, así como empresas vinculadas a personajes cercanos a panista que, incluso, respaldaron financieramente su campaña, como el leonés Elías Villegas Torres. La Gestión Pública detectó la asignación de contratos por servicios de restaurante para una hija del entonces gobernador, misma que fue obligada a devolver los ingresos obtenidos por esos servicios. También se entregó un contrato para la compra de miel a la consuegra de Oliva Ramírez y su esposa Martha Martínez, presidenta del Sistema DIF. En tanto que a empresas registradas a nombre de familiares de Elías Villegas se asignaron contratos de suministros de alimentos para los comedores escolares y despensas, algunos de los cuales fueron entregados en mal estado y no cumplieron las especificaciones de rigor. Ante ello, un grupo civil denominado Ciudadanos hartos solicitó a la PGJE investigar estos y otros actos de corrupción, pero la dependencia estatal rechazó la solicitud, argumentando que los ciudadanos carecen de interés legítimo para ello. Fue entonces que el grupo acudió a la justicia federal e interpuso un amparo. El magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal del décimo sexto circuito, Alonso Galván Villagómez, notificó al grupo de ciudadanos a través de su representante legal de esta reasunción de competencia, misma que fue turnada para su estudio al ministro de la Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con posibilidad de que el asunto sea llevado al pleno, si el ministro así lo considera. Según el contenido de la notificación, el Tribunal Colegiado puso a consideración de la Corte el ejercicio de la facultad de atracción de este asunto, al considerar que se plantea un problema de orden jurídico, como es la correcta interpretación que se debe dar al concepto de interés legítimo, en el caso de los ciudadanos inconformes con el actuar del Ministerio Público al no investigar a los exfuncionarios del sexenio de Oliva Ramírez. “De la interpretación que llegar a darse del interés legítimo –refiere la notificación-- cabría la posibilidad de que los denunciantes de hechos de corrupción, de los que tuvieron conocimiento mediante notas periodísticas, tuvieran la posibilidad de acudir al juicio de garantías si el Ministerio Público se negara a ejercitar acción penal”, lo que se convertiría en un precedente para otros casos semejantes.