CHILPANCINGO, Gro. (apro)- El exsecretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez —quien fue defenestrado durante el conflicto magisterial que puso en jaque a la administración estatal por la falta de oficio político para resolver los conflictos sociales— regresó al gabinete del gobernador Ángel Aguirre Rivero: fue designado coordinador general del Ejecutivo. El veterano político formado en el PRI se encargará de los proyectos de infraestructura urbana emblemáticos de la administración aguirrista y considerados como el principal negocio de este gobierno. Algunos ejemplos son el proyecto de renovación del transporte urbano en Acapulco denominado Acabús y la construcción del Macrotúnel o Escénica Alterna, también en este puerto. También existe un programa en materia de regularización de la tenencia de la tierra en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Chilpancingo, y el proyecto de renovación de transporte público en la capital denominado Chilpobús. De acuerdo con un boletín oficial, el gobernador Aguirre le tomó protesta a su mentor esta mañana, en un acto privado realizado en la residencia oficial Casa Guerrero. El comunicado refiere que Salgado Gómez atenderá “los proyectos prioritarios” y “programas especiales” de las dependencias del gobierno estatal. En la práctica, el cargo de coordinador general del Ejecutivo es considerado como el de un vicegobernador y fue creado de manera unilateral por el exgobernador, Zeferino Torreblanca. A pesar de que Aguirre ha criticado duramente a su antecesor, decidió heredar esta posición estratégica para designar a sus familiares. Al principio de esta administración, Aguirre designó a su hermano Carlos Mateo Aguirre como coordinador general del Ejecutivo, pero fue destituido tras el escándalo de nepotismo que enfrentó el mandatario. Luego el puesto pasó a manos del sobrino del gobernador, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien también tuvo que dejar el cargo por el mismo conflicto de nepotismo. No obstante, a Aguirre Gutiérrez le crearon una oficina denominada Coordinación de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo, y en la práctica se ha dedicado a resolver conflictos sociales como el caso del pago de fianzas a integrantes del magisterio disidente, que se encuentran procesados por las protestas que realizaron en contra de la reforma educativa.