MÉXICALI, B.C. (apro).- En lo que representa su último veto como gobernador, Guadalupe Osuna Millán rechazó el acuerdo legislativo de proceder a municipalizar la zona de San Quintín, al sur de Ensenada. El gobernador dijo que requiere hacerse un análisis técnico minucioso acerca de la información cartográfica, documental y física existentes. En ese estudio se requieren precisar los límites municipales que se pretenden, advirtió Osuna, para ser avalado por el Inegi, Sidue, el Registro Agrario Nacional y los gobiernos de Ensenada y Mexicali, porque de lo contrario habría problemas de tenencia de la tierra. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado se pronunció a favor de municipalizar la comunidad de San Quintín, pero “sin obedecer a caprichos políticos y sin un verdadero estudio de factibilidad para evitar que el nuevo ayuntamiento nazca endeudado”. La coordinadora del grupo panista, María del Rosario Rodríguez, dijo estar “de acuerdo en que se municipalice San Quintín, no estamos en contra de ello, así nos hemos pronunciado con anterioridad, pero también consideramos de vital importancia de que se haga con la debida responsabilidad, seriedad y con el debido orden”. En la víspera de la jornada electoral, los grupos parlamentarios panistas y priistas hicieron un paréntesis en la guerra por el poder para votar en favor de la creación del sexto municipio. Una vez concluido el proceso y ante el anuncio del triunfo del PAN, se dio marcha atrás y el gobernador vetó la propuesta aprobada por los diputados al justificar, además, que la creación de un municipio debe sustentarse en la Ley de Participación Social y la instrumentación de un plebiscito donde participe al menos 10% de los ciudadanos de la demarcación. En 2012 se realizó una consulta en San Quintín, donde participó 7%, cuyo abstencionismo mayor se registró en la zona urbana de Ensenada, cabecera municipal de San Quintín. Sobre todo la cúpula empresarial del puerto es la que se opuso a que se erija el sexto municipio de la entidad. Entre los argumentos destaca la insuficiente recaudación impositiva, sobre todo del predial y catastro. Lo cierto es que las agroindustrias y las empresas instaladas en esa zona no enteran impuestos en la región porque sus matrices se encuentran en otras ciudades del país. En Jalisco lo hace la empresa Los Pinos, propiedad de la familia Rodríguez, a la que pertenece Antonio Rodríguez, secretario de Fomento Agropecuario del gobierno de Osuna Millán. En la guerra de intereses se encuentra en medio la alta población indígena migrante proveniente de otras regiones y que se han aposentado en varios puntos de esa geografía generosa en territorio con una vasta zona costera y donde se planeó el desarrollo Punta Colonet. Este proyecto promovido por Ernesto Ruffo y detenido por Eugenio Elorduy, aunque contó con la confrontación de intereses en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, podría ser retomado por el gobernador electo Francisco Vega con la intención de generar procesos productivos regionales de la entidad. Un puerto de altura en el Pacífico mexicano se convertiría en un punto de competencia para los puertos estadunidenses, sobre todo de Long Beach. En medio de intereses económicos y políticos, Colonet se convirtió en la bahía de la discordia. Los sanquintinenses mostraron en su postura de instaurar un municipio, así como es evidente el contraste entre la marginación de la población, integrada principalmente por mixtecos, y la cúpula agroindustrial. Con su veto, Osuna Millán hizo su aportación para mantener a esa región en el olvido. Será la próxima Legislatura, integrada por ocho fuerzas políticas y que inicia en septiembre, la que determine el futuro de este poblado y sus colonias aledañas. En 1991, durante el gobierno municipal de Milton Castellanos Gout un grupo de municipalistas, liderado por Manuel Gutiérrez Aguilar, hizo el estudio de factibilidad del puerto de San Felipe para convertirse en municipio y dejar de ser una delegación de Mexicali. A pesar de su factibilidad, este puerto se mantiene en el rezago del desarrollo regional y hasta el proyecto de la Escalera Náutica fracaso. Para finalizar, con el gobernador Héctor Terán se cristalizó la intención de hacer de Rosarito un municipio de Baja California y dejar de ser delegación de Tijuana.