Exigen protocolo para investigar casos de violencia sexual en Colima

miércoles, 24 de julio de 2013
COLIMA, Col. (apro).- Ante la alta incidencia de casos de violencia sexual, Carmen García García, representante del Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCF) en la entidad, advirtió que es urgente e indispensable la creación de un protocolo especializado para la investigación de estos delitos y la atención de las víctimas. De acuerdo con la activista, la situación es preocupante porque, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  (Endireh) 2011, Colima ocupa el primer lugar en el país en violencia sexual, con una incidencia de 10.1%, frente a la media nacional de 7.3%. Ante esta realidad, informó, una red de organizaciones civiles trabaja en una propuesta formal de protocolo que será presentada próximamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Marcos Santana Montes. Entre estos grupos se encuentran el OCF, Radar 4, Espacio Feminista, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), y el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG). En entrevista, Carmen García expuso que la necesidad de un protocolo de esa naturaleza tiene que ver, por un lado, con la atención de la salud física y psicológica de las víctimas, y por el otro con la manera en que son investigados estos delitos para garantizar que no queden impunes. “Necesitamos un protocolo especial, como lo marcan varios organismos internacionales, con principios mínimos que actualmente no son contemplados en la normatividad”, aseveró. Resulta alarmante, dijo, que la mayoría de las agresiones sexuales ocurren dentro del hogar o el agresor es un conocido de la víctima, y a su juicio ese es un factor que se debe tomar en cuenta en el tratamiento de cada caso. Por otro lado, “nos interesa ver la forma como los investigadores realizan su trabajo, porque muchas veces las víctimas vuelven a ser revictimizadas a la hora de las averiguaciones, porque no se les da el trato que requieren conforme a las circunstancias que están viviendo”. García indicó que no se debe trabajar ese tipo de delitos como cualquier otro, porque “estamos hablando de que se violentó la parte más íntima de una persona, de manera que el trato debe ser ofrecido por personal especializado, con un procedimiento en el que por ejemplo sólo en una ocasión se recaben todos los datos para no hacer que la víctima repita una y otra vez la historia de lo sucedido”. No es posible, añadió, investigar un delito sexual de la misma manera que se indaga un robo, pues en estos casos se necesita un trato muy delicado, apegándose a un procedimiento establecido conforme a estándares internacionales en los que se plantea cómo se debe realizar cada etapa del trabajo. Según Carmen García, una de las debilidades que contienen las legislaciones sobre los delitos sexuales en casi todo el país, incluido Colima, es el hecho de considerar a la resistencia de la víctima como el elemento contundente para definir si hubo o no violación. No obstante, “nuestro planteamiento concreto va en el sentido de que la resistencia no puede ser la prueba dura para decidir si hubo delito, porque muchas veces cuando las víctimas están sufriendo la agresión no oponen resistencia, pero no porque estén dando un consentimiento, sino porque están impactadas por el hecho”, concluyó.  

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