Liberan a funcionarios de Oaxaca retenidos en San Antonio Las Palmas

jueves, 4 de julio de 2013
OAXACA, Oax. (apro).- Habitantes de San Antonio las Palmas liberaron a tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y a nueve policías estatales, a quienes mantuvieron retenidos durante dos días para exigir justicia por el asesinato del comisariado ejidal Maximino Salinas Hernández. Los pobladores también entregaron a las autoridades a tres presuntos responsables del crimen perpetrado el pasado 30 de junio, entre ellos el regidor de Salud, Faustino Ignacio Antonio. Según el gobierno estatal, los representantes de la Secretaría General de Gobierno con base en la ciudad de Tuxtepec, Anuar Sacre Rangel y Sergio Mario Alamilla Ramírez, así como el agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Regional de la Cuenca, Miguel Ángel Reyes, fueron liberados este jueves junto con el suboficial Pablo Ruiz Martínez y ocho elementos de tropa, retenidos desde el pasado martes 2. Dos días antes fue asesinado el comisariado ejidal de San Antonio las Palmas, perteneciente al municipio de Santiago Jocotepec, Máximo Salinas Hernández, cuyo cuerpo presentaba heridas corto contundentes producidas por arma blanca en cara, cuello y cráneo. La autoridad ministerial fue alertada por el agente municipal de San Antonio las Palmas, Felipe Cruz Martínez, quien reportó que en un potrero perteneciente a ese ejido fue hallado el cuerpo sin vida de Salinas Hernández. Al enterarse del crimen, los pobladores aprehendieron a Zacarías Hernández Bautista, Sofía Eufrasio Salinas, Magdalena Pacheco Eufrasio, Faustino Ignacio Antonio (regidor de Salud), Miguel Palma Pérez y Braulio Ignacio Castellanos, a quienes encerraron en los separos públicos de la comunidad. Por acuerdo de la comunidad, tres de los detenidos –Sofía Eufrasio Salinas, Magdalena Pacheco Eufrasio y Braulio Ignacio Castellanos– fueron liberados ayer, mientras que los otros tres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de Tuxtepec. El martes 2, alrededor de 300 habitantes de la comunidad cerraron las entradas y salidas para evitar que el personal policial saliera del lugar, y Felipe Cruz Martínez pidió al comandante que desarmara a sus elementos como una medida de presión para que la Secretaría General de Gobierno enviara a un representante. En la mesa de diálogo los inconformes exigieron la entrega inmediata de los recursos pendientes para esa agencia, una indemnización a la esposa del fallecido y el esclarecimiento inmediato del homicidio.

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