TUXTLA GUTIÉRREZ, 8 de julio (apro).- La diputada local del PRD Alejandra Soriano Ruiz denunció que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) pretende encubrir al exgobernador Juan Sabines Guerrero, por lo que le exigió “dejar de tapar su corrupción” y fincarle responsabilidades por presuntos desvíos de recursos públicos y uso indebido del ejercicio público. El pasado viernes 6 de julio el titular del OFSCE, Humberto Blanco Pedrero, entregó al Congreso del Estado un dictamen de revisión y fiscalización de la última cuenta pública sabinista, pero hasta ahora se mantiene en absoluto hermetismo. “Al estilo del exgobernador del estado Juan Sabines fue entregada de manera silenciosa la cuenta pública de los primeros tres trimestres del ejercicio de 2012 de su administración, y todos los chiapanecos esperamos conocerla en muchos rubros”, dijo la diputada local. La legisladora exigió al OFSCE y al Poder Legislativo se esclarezca en qué se invirtieron los 3 mil 870 millones de pesos de deuda pública que solicitó al cierre de su sexenio Juan Sabines Guerrero. “O bien, exigió la diputada, que se llame a Sabines Guerrero a rendir cuentas de por qué entregó a la nueva administración un estado sin liquidez y hundido en su peor crisis económica, social y política de la que tengamos memoria”. Soriano Ruiz comentó que conforme van pasando los días, los chiapanecos han visto cómo surgen nuevas y múltiples evidencias del saqueo, de la desaparición de los recursos del pueblo de Chiapas en manos de unos cuantos que, al amparo de la cercanía del exgobernador, improvisaron fortunas y amasaron grandes cantidades de dinero a cambio de hipotecar el futuro de los chiapanecos en los siguientes 20 o 30 años. “Ante este escenario, es moral y jurídicamente imposible que las instituciones de revisión y fiscalización quieran ocultar lo inocultable ante la enorme cantidad de pruebas de la rapiña ejercida a las arcas públicas”, dijo la legisladora local. Expuso que la historia reciente de la entidad registra que en los seis años de la administración sabinista no existió ninguna denuncia contra servidor público de primer nivel, mucho menos contra el propio gobernador por parte del OFSCE a pesar de tan evidente desfalco. Al ser el OFSCE una oficina dirigida por Blanco Pedrero, puesto por Sabines en ese cargo en junio del 2007, es muy probable que dicha institución haya rendido un informe a todas luces con la intención de proteger al exmandatario chiapaneco, dijo. “Hay que recordar que el titular del OFSCE es parte del patrimonio político de Juan Sabines. Él lo nombró —de facto— precisamente titular de tan importante institución, él lo nombró y hoy es el encargado de poner el último clavo a la tumba de la justicia en Chiapas”, dijo Soriano Ruiz. Mencionó que desde su curul no permitirá ni consentirá ninguna “intentona legaloide” por validar el saqueo más grande que ha existido en la historia de nuestro Chiapas: “Exijo cuentas claras para el pueblo, y si la permanencia del titular del OFSCE es el principal obstáculo, que haga lo moralmente correcto, que renuncie”. Señaló que el informe de revisión y fiscalización correspondiente a la cuenta pública de los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2012 de la exadministración estatal fue entregada el pasado viernes por el OFSCE al Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia para su análisis, acorde al artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. “Si de la revisión y fiscalización efectuada a la cuenta pública se desprenden irregularidades que permitan presumir hechos u omisiones que produzcan un daño a la hacienda pública, el OFSCE deberá proceder a cuantificar los daños, fincar las responsabilidades resarcitorias, promover las responsabilidades penales y administrativas, acorde al artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas”, dijo la diputada. Señaló que si bien el exgobernador modificó la legislación para delegar la responsabilidad en sus secretarios de estado, existen otras legislaciones que lo responsabilizan por el mal uso de recursos públicos y el uso indebido de la función público durante los seis años que estuvo al frente del gobierno local.