CAMPECHE, Cam., 22 de agosto (apro).- Desplazados del poblado San Antonio Ebulá, que en 2009 fue avasallado por el constructor Eduardo Escalante, suegro del extinto exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, demandaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despojo de sus tierras y la falta de acceso a la justicia en materia penal y agraria. En la demanda, que fue presentada conjuntamente con la asociación civil pro derechos humanos Indignación, también se argumenta “la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño”. También denunciaron que la autoridad ha incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos. En agosto de 2009, con el apoyo del gobierno estatal, en el proceso de transición entre la administración saliente que encabezó Jorge Carlos Hurtado Valdés, ahora contralor de la Secretaría de Gobernación, y la que está vigente, del priista Fernando Ortega Bernés, el empresario Eduardo Escalante, padre de la hoy alcaldesa de Campeche, Ana Martha Escalante Castillo, derruyó las viviendas y otros inmuebles del poblado, conurbado a esta capital, para desalojar a los habitantes cuyas tierras reclama como suyas. El grupo Indignación dio a conocer la demanda ante la CIDH y expuso que los desalojos forzosos son particularmente graves y representan una violación prima facie a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo la vigencia de otras garantías, entre ellas a una vivienda adecuada, a la vida, a la salud y a la educación. Además, resaltó que “es indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los pueblos y de las familias”. Los activistas del grupo Indignación señalaron que el responsable de desalojos forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el Estado, “en este caso por haber permitido que un particular, el empresario Eduardo Escalante, lo llevara a cabo”. Las autoridades de Campeche, abundaron, “protegieron al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar”. Asimismo, advirtieron que “es alto el riesgo de que hechos como estos se repitan mientras persista la impunidad”. Acusaron a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), a cargo entonces de Renato Sales, actual subprocurador de la PGR, de avalar “el cierre de la averiguación previa sin siquiera citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño”. Por el contrario, “violentó el derecho de los agraviados a la justicia y a la reparación del daño, a pesar de que los pobladores presentaron la denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que demostraban que Ebulá estaba reconocido como pueblo por diversas instancias estatales y federales”. Asimismo, denunciaron que la Secretaría de la Reforma Agraria “no ha resuelto aún el litigio que los habitantes de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras”. El grupo Indignación insistió en que el anterior gobierno estatal “protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá”. Además, la administración de Jorge Carlos Hurtado Valdés “omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada que vivió durante mes y medio en la terraza del palacio de gobierno”. El actual gobierno de Fernando Ortega Bernés, añadió, ante la presión internacional llegó a un acuerdo con la población desplazada, en septiembre de 2009, otorgando 31 hectáreas para la inmediata ocupación de las familias desplazadas, pero ha incumplido con garantizar los servicios necesarios para la vida de la comunidad. Además, acotó, la actual administración es la “responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al agresor y de impedir así el acceso a la justicia a los agraviados”. Por estos hechos, y por la denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el equipo Indignación, demandó al Estado mexicano ante la CIDH. Los activistas señalaron que “ahora será el Estado mexicano quien tenga que responder ante un organismo regional por estas graves violaciones a los derechos humanos”.