CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A casi 24 horas de bloqueo y ante la indiferencia gubernamental, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) liberaron la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional. No obstante, advirtieron que van a trasladar su reclamo ante organismos no gubernamentales, donde denunciarán la embestida del gobierno federal en contra de este grupo de autodefensa que decidió protestar en contra de la política del presidente Enrique Peña Nieto. Los manifestantes desbloquearon la vía cerca de las 16:15 horas, y se retiraron del poblado de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, rumbo a sus comunidades indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres. Lo anterior, luego de que al lugar de la protesta arribó Valentín Hernández Chapa, asesor de este grupo de guardias comunitarios dependientes de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, quien convenció al dirigente de los inconformes, Arturo Campos Herrera, de liberar la vía y denunciar ante ONG la detención de autodefensas, entre ellos los coordinadores en Olinalá, Nestora Salgado, y de El Paraíso, Bernardino García Francisco, un sobreviviente de la masacre de El Charco, perpetrada a fines de junio de 1998. De esta forma, los guardias comunitarios y bases sociales se retiraron luego de permanecer casi 24 horas sobre la carretera federal, luego de que ayer el Ejército disolvió una protesta pacífica y desarmó a golpes y empujones a unos 300 autodefensas. Ninguna autoridad gubernamental acudió a dialogar con el grupo de Arturo Campos durante las casi 24 horas que se prolongó el bloqueo carretero. Fundadores de la PC-CRAC, organización creada hace 17 años en pueblos indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica, denunciaron esta semana a Valentín Hernández, un mestizo originario de Morelos; al coordinador regional de El Paraíso, Arturo Campos, y al activista Manuel Olivares, de ser “agentes infiltrados gubernamentales y cooptados por grupos de interés que se montaron en el proyecto comunitario para imponer su agenda y favorecer la intervención del gobierno”.