Aprueba Congreso de Baja California antidoping a funcionarios y diputados

jueves, 29 de agosto de 2013
MEXICALI, B.C. (apro).- Representantes populares y funcionarios de primer nivel de los poderes públicos locales, entre ellos el gobernador, alcaldes, magistrados, jueces y diputados, deberán practicarse el examen antidoping. La aplicación obligatoria de las pruebas para detectar el uso de sustancias prohibidas fue aprobada por unanimidad en el Congreso local, luego de las modificaciones que se hicieron a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, a propuesta del presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Víctor Navarro Gutiérrez. De acuerdo con el legislador, las reformas a la ley benefician a la sociedad, debido a que contará con representantes populares y servidores públicos que trabajen con todas sus capacidades mentales por el bien común. Navarro Gutiérrez señaló que antes del 31 de marzo de cada año, los servidores públicos de primer nivel de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de los ayuntamientos y órganos autónomos, deberán practicarse un estudio de detección de uso de drogas ilícitas. En el Poder Ejecutivo, detalló, la prueba antidoping se aplicará al gobernador, el secretario general de Gobierno y los integrantes del gabinete ampliado, y en el Judicial a los magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces y titulares de las Unidades Administrativas. En el Poder Legislativo, los diputados y directores de los órganos de apoyo parlamentario y administrativo también deberán realizarse el examen. Y lo mismo harán los presidentes municipales, síndicos y regidores, así como los integrantes de los Consejos Municipales y los titulares de las dependencias municipales y paramunicipales. Las modificaciones legales establecen que el incumplimiento en la realización del examen antidoping se considerará como una falta grave. Según Navarro Gutiérrez la iniciativa adecua las leyes secundarias, como quedó asentado en uno de los artículos transitorios del decreto 106 publicado el 7 de octubre de 2011, en cuanto a las reformas constitucionales en materia de reformas políticas.

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