CANCUN, Q. Roo (apro).- El director general del proyecto Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, descartó que el ayuntamiento pueda revertir la determinación de la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, que ordenó otorgar la licencia de construcción para el desarrollo de este complejo comercial y habitacional. “Se trata de una resolución definitiva e inatacable que confirma el derecho de la empresa a llevar a cabo un proyecto de inversión a todas luces positivo para México”, argumentó. De esta manera, manifestó que los promotores del proyecto hacen “un respetuoso llamado a las autoridades municipales para que emitan a la brevedad posible la licencia de construcción”. Luego advirtió que en caso de dilatar la emisión de la licencia el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) estaría incurriendo en desacato. En días pasados, la SCA ordenó, bajo la figura legal de la afirmativa ficta, que la comuna otorgue licencia de construcción para el proyecto Dragon Mart. En respuesta, el alcalde Julián Ricalde, del PRD, lamentó que la SCA haya aplicado una normativa tipo “Domino’s Pizza” al ayuntamiento, y anunció recursos legales contra este fallo del Poder Judicial estatal. Sin embargo, López Rodríguez señaló que “la ley es muy clara” al establecer que la SCA es la “única instancia competente” para conocer y resolver “los juicios en los que se demande la resolución de positiva ficta”. Así lo establecen, puntualizó, “los artículos 12, fracción VI, y 208 de la Ley de Justicia Administrativa”, subrayó. También señaló que para los promotores del Dragon Mart “el paso a seguir es esperar a que el municipio otorgue la licencia de construcción, pues no hay probabilidades de interponer un recurso de reclamación”. Luego aseguró que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, que “las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover el juicio de amparo cuando actúan como autoridades demandadas en un procedimiento contencioso administrativo. “La máxima instancia judicial de nuestro país es clara al señalar que una persona moral oficial, como lo es un ayuntamiento, sólo puede pedir un amparo cuando actúa en su carácter de entidad jurídica de derecho civil, es decir, cuando actúa a favor de bienes de carácter patrimonial, situación que en el caso de la afirmativa ficta de una licencia de construcción claramente no es aplicable”, dijo. Por otra parte, lamentó que “el proyecto de inversión tiene ya un retraso de cinco meses”. Juan Carlos López apuntó que la empresa no ha iniciado trabajos en los terrenos y que “tan pronto reciba la licencia de construcción iniciará las contrataciones necesarias para comenzar la edificación” de este centro comercial. Instan a combatir proyecto La diputada federal Graciela Saldaña exigió al ayuntamiento “continuar con el procedimiento jurídico correspondiente”, en este caso un recurso de reclamación ante la propia la SCA. De igual forma, demandó que se proceda contra los funcionarios municipales “que por acción u omisión dieron pie al presente litigio y al resolutivo” en favor del proyecto del Dragon Mart. Por otra parte, la perredista convocó a ciudadanos, a las organizaciones sociales, académicas, ambientales y jurídicas de ámbito local, nacional e internacional, “a darle continuidad al tema y garantizar que todo proyecto en Quintana Roo se desarrolle apegado a derecho”.