MÉXICO, D.F. (apro).- El Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán cerró una base de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) en ese municipio indígena ante la ausencia de resultados en las investigaciones sobre diversos delitos. Entre esos casos, destaca el asesinato de al menos siete comuneros y la operación de bandas de talamontes. El acuerdo fue tomado por la Comisión de Honor y Justicia del Concejo Mayor, instancia que funciona en Cherán desde febrero de 2012 en sustitución del ayuntamiento Una vez tomada la decisión, los policías ministeriales debieron abandonar el pueblo, y con ellos fue expulsado el agente del Ministerio Público que encabezaba la investigación de los delitos en esa localidad. Los habitantes de Cherán también desconocieron a los partidos políticos, cuyas sedes llevan cerradas desde 2011, y la Policía Municipal fue también relevada por una guardia civil denominada Ronda Comunitaria. De acuerdo con la más reciente resolución del Concejo, la salida de la Policía Ministerial se decidió por considerar que “no ha habido avances en las investigaciones de los delitos que han sido denunciados”, como el asesinato de al menos siete comuneros y la operación de bandas de talamontes. Además, el órgano de gobierno autónomo expresó su sospecha de que los policías están involucrados en diversos actos ilícitos. Trinidad Ramírez, integrante del Concejo, detalló que fueron al menos cinco los uniformados a quienes se les pidió que abandonaran la cabecera municipal. Los agentes ministeriales, dijo, ha sido señalados por habitantes del lugar por actuar como informantes de grupos criminales, e incluso de estar involucrados en hechos delincuenciales. La Comisión de Honor y Justicia determinó que los uniformados  estaban “haciendo mal uso de su estancia en la comunidad”, por lo que se les pidió que se retiraran, explicó Ramírez.