CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre dejó plantados a integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), luego de que el martes 6 se comprometiera a recibirlos en esta capital a cambio de liberar a sus colaboradores, entre ellos su sobrino y asesor, así como funcionarios federales y más de 50 militares que fueron retenidos en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa. Los miembros de la UPOEG encabezados por Bruno Plácido Valerio fueron recibidos esta mañana en la residencia oficial Casa Guerrero por los mismos cinco funcionarios federales y estatales retenidos un día antes: el sobrino y asesor del mandatario, Ernesto Aguirre Gutiérrez; el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo; el procurador Iñaki Blanco, y los delegados de la PGR y de Gobernación, Salvador Anaya y Juan Salgado, respectivamente. En el encuentro, el secretario de Gobierno ratificó la postura de Aguirre Rivero, en el sentido de que la exigencia del no desarme que plantean las guardias comunitarias de la UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) es un tema que corresponde analizar al gobierno federal y las Fuerzas Armadas. Por ello se planteó una reunión para este jueves 8 con autoridades federales en la Ciudad de México, de hecho, el único acuerdo concreto de este encuentro al que no asistió el gobernador Aguirre. El lunes 5, miembros de la UPOEG bloquearon durante más de 30 horas la carretera interestatal que conecta la región Centro y la Costa Chica, a la altura de El Pericón, y mantuvieron retenidos a un centenar de militares adscritos al 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande; no obstante, al final de la protesta, que concluyó al día siguiente, sólo quedaban 60 soldados sin paso libre. Lo anterior, en respuesta al desarme de cinco integrantes de la guardia comunitaria de la UPOEG, denominada Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes fueron detenidos por militares en este poblado del municipio de Tecoanapa. La molestia ciudadana ante la falta de respuesta a su demanda del regreso de las armas decomisadas y el retiro del Ejército de esta comunidad, por sus presuntos nexos con la delincuencia, provocó que ayer también fueran retenidos por unas horas cinco funcionarios estatales y federales, quienes acudieron al poblado de El Rincón 30 horas después de que estalló el conflicto. Al respecto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido, insistió en calificar los operativos del Ejército y la Marina como un acto de hostigamiento en contra de las guardias comunitarias que operan en la entidad y tienen presencia en cinco de las siete regiones de la entidad. Cuando se le preguntó sobre el deslinde del gobierno estatal frente al tema del desarme de los grupos de autodefensa, el activista indígena reprochó: “El responsable de la política en Guerrero es el gobernador, y de lo que pasa en Guerrero hay un responsable”, advirtió. Sobre las cinco armas decomisadas por el Ejército a la guardia comunitaria de la UPOEG, dijo que ese tema “ya no es importante”, porque lo prioritario es llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar el desarme y la persecución de los civiles que decidieron armarse ante la indolencia del gobierno frente a la ola delincuencia y de inseguridad.