MEXICALI, B.C. (apro).- En un hecho inédito, dos juzgados de Distrito –el 12 y el 24-- ampararon a 42 aspirantes a carreras de educación superior que fueron rechazados por la Benemérita Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Apenas el miércoles 7, el Juzgado 24 de Distrito concedió la suspensión definitiva a una decena de estudiantes, lo que obliga a la universidad a inscribirlos en las carreras elegidas luego de considerar que el acto de la autoridad educativa “afecta el proyecto de vida” de los jóvenes. Sin embargo, la UABC adujo en un comunicado que debido a la carencia de espacios físicos en las aulas asignadas a los alumnos del primer semestre del ciclo escolar 2013-2 y 2014-1 “no es posible cumplir con la demanda de amparo interpuesta por siete aspirantes a ingresar a la máxima casa de estudios”. En realidad, fueron 10, pero tres de ellos optaron por tres carreras universitarias diferentes a las solicitadas en su examen de admisión y “a la fecha están incorporados como alumnos regulares”. La autoridad universitaria sostuvo que el juez de distrito acordó el ingreso en el “presente periodo escolar (agosto) o en el inmediato posterior (febrero)” pero “esta condicionante la que no permite su ingreso debido a que ya no hay cupo”. “Con total inobservancia de nuestros derechos humanos al debido proceso de legalidad, audiencia y educación, nos excluyeron de las carreras universitarias que decidimos cursar en la UABC, sin fundar ni motivar la causa, ni darnos a conocer nuestros puntajes obtenidos en el proceso de admisión”, denunciaron. Voces de esperanza Athenea Cervantes y Jennifer Ortiz Alejos son dos mujeres mexicalenses que estudiaron la preparatoria en la capital estatal. Ellas, junto con ocho compañeros, acudieron al Poder Judicial de la Federación para exigir su derecho a la educación. Sus argumentos tienen que ver con modificaciones de última hora del proceso de evaluación: “Nuestra exclusión la llevaron a cabo después de un tortuoso proceso que iniciaron con base en un examen denominado Escoba, preparado por un grupo de académicos de la Universidad, del que en un principio nos dieron toda la información para prepararnos y que, posteriormente, lo cambiaron por otra prueba denominada Exani II, elaborada por el Centro Nacional de Evaluación, por lo que nos dejaron en total indefensión a la hora de aplicarnos este nuevo examen, en cuya estructura no se prevé informarnos del puntaje obtenido”, acusaron. El Exhcoba es un instrumento que se utilizó en los últimos años por la UABC que abona a la transparencia, ya que los resultados se daban a los aspirantes al concluir sus exámenes y la lista de aceptados era publicada con puntaje de aciertos por carrera y unidad universitaria. Sin embargo, el modelo del Ceneval únicamente se limita a dar a conocer quiénes son los aspirantes aceptados. En el medio universitario se advirtió este cambio de instrumentos de evaluación como un retroceso que abona a la opacidad y al retorno de componendas políticas y de los “recomendados”. Las jóvenes, quienes esperan que Cuamea y Norzagaray acepten la decisión judicial, también confían en que se sumen otras voces al movimiento, pues lo único que quieren es seguir estudiando para alcanzar un mejor nivel de vida. Litigio en pro de la educación En la resolución judicial se señala que “los quejosos demuestran en el presente incidente que tienen un proyecto de vida en lo que a educación superior se refiere y que tal proyecto, como derecho humano, puede verse afectado por los actos de autoridad”. Por ello, advirtió el Poder Judicial Federal, es necesario realizar un test de proporcionalidad entre lo alegado por la autoridad y los derechos que se dicen violados. En respuesta, las autoridades responsables argumentaron que es improcedente la suspensión definitiva bajo el argumento de que atentaría contra el interés general y el orden público. Sin embargo, quien ahora resuelve no coincide con ese argumento, por lo que con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables –el rector Felipe Cuamea y el coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, Angel Norzagaray-- permitan a los quejosos asistir de manera regular a sus clases y en las carreras que eligieron dentro de la UABC. También señaló que la medida cautelar, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, surte efectos a partir del miércoles 7. El juzgador aclaró que “esta resolución no implica que ya esté ganado el amparo en cuanto al fondo, porque eso aún requiere más trámites y estudio del caso, pero sí significa que los estudiantes tienen derecho a que sin demora alguna la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar les abra las puertas de la carrera universitaria que cada uno eligió”. La ruta jurídica Luego de trascender el amparo ganado por los diez rechazados, otro grupo recurrió a la misma ruta jurídica en la defensa de su derecho a la educación. El Juzgado 12 de Distrito, en el amparo 508/2013, concedió a otros 32 estudiantes la suspensión provisional para el mismo efecto. Sobre esta segunda resolución, el rector Cuamea y el coordinador de Servicios Estudiantiles fueron notificados el día de ayer, y sólo está pendiente que obedezcan las órdenes judiciales, advirtió el abogado Daniel Solorio, representante legal de los estudiantes que solicitaron los amparos. “Es de esperar que nuestras autoridades universitarias den ejemplo de civilidad, de respeto al estado constitucional de derecho, de respeto a los jueces, de respeto a los estudiantes y sobre todo a la función educativa, cuya administración tienen a su cargo para ejercerla con arreglo al derecho universitario, cuyo contenido determinan los jueces, caso por caso, tal como ha ocurrido en los amparos 500/2013 del Juzgado 14 de Distrito y 508/2013 del Juzgado 12 de Distrito, ambos con residencia en Mexicali”, consideró Solorio. Pese a ello, las autoridades universitarias, a través de empleados menores, se han negado a incorporar a los estudiantes bajo el argumento de que no hay lugares disponibles.