MEXICALI, B.C. (apro).- Un grupo de comunicadores de esta capital acusó a los diputados locales de violar la Ley para el Desarrollo y Bienestar Social para los Periodistas de Baja California al designar a los integrantes del Consejo Estatal de Periodistas. Los inconformes exigieron al presidente de la Comisión de  Gobernación, Legislación  y Puntos Constitucionales, Juan Montejano de la Torre, dar marcha atrás a los nombramientos porque, en su opinión, se trata de una imposición. No obstante, el legislador desoyó los argumentos y presentó al pleno el punto de acuerdo, aprobado con 12 votos a favor y cinco en contra. En una carta firmada por la reportera Indira Mata, integrante de Comunicadoras de Mexicali, se señala que los diputados locales violentaron la Ley Para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del estado de Baja California, porque ningún artículo otorga facultades al Congreso local para elegir a los consejeros directivos del organismo, según el decreto 285 publicado el 5 de octubre de 2012 en el Periódico Oficial de Baja California. Detalla que entre los designados se encuentra Víctor Manuel Hernández, director administrativo del Departamento de Alcoholes y Asuntos Religiosos del Cabildo de Tijuana, quien –sostiene– “se ostenta como periodista bajo supuestas colaboraciones en El Sol de Tijuana”. También Miguel Ángel Torres Ponce, director de Comunicación Social del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, “exdirectivo en el mismo periódico El Sol de Tijuana, así como jefe de prensa en un corto periodo de la campaña electoral del candidato priista a gobernador Castro Trenti y director general del Instituto Estatal Electoral de Baja California, donde dejó un peculado por 20 millones de pesos, a la fecha impune”. Añade: “Los  legisladores incluyeron a periodistas no activos y líderes de sindicatos ‘blancos’ del mismo diario El Sol de Tijuana, como Salvador Aguiar Labrada, por el municipio de Tecate, al igual que José Guadalupe Mercado, reportero de La Voz de la Frontera, quienes pertenecen al grupo editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM)”, además de otros colaboradores de la campaña electoral del excandidato priista. De acuerdo con el grupo de periodistas inconformes, para imponer a los designados se lanzó una convocatoria que los diputados incumplieron en tiempo y forma, con los mismos dictámenes 151 y 152 “que resultaron finalmente una verdadera simulación política para lograr el pago de favores a los periodistas ligados a OEM”. Según el documento, la integración del Consejo Estatal de Periodistas se aprobó 17 días antes de que concluyera la Legislatura y se circuló una agenda “de manera amañada” que no incluía el dictamen 241 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, “lo que permitió que de manera subterfugia se leyera ante el pleno de manera ‘delincuencial’, es decir a escondidas de los periodistas inconformes con las designaciones”. Luego de acusar a Montejano de “perverso y mitómano”, los inconformes señalaron que una veintena de periodistas de Tijuana se reunieron con el legislador priista para rechazar a Torres Ponce y Hernández López por carecer de apoyo gremial ni ser dignos de confianza, pero fueron desoídos. “Ante los reclamos se comprometió a dar marcha atrás (al punto de acuerdo). Recibió un documento que contiene los argumentos de los periodistas tijuanenses y que fue ingresado a la Legislatura local a través de Oficialía de Partes, pero incumpliendo una vez más sus compromisos y palabra volvió a presentar el dictamen 241 donde violentan  flagrantemente la ley”, puntualiza Mata en la misiva.