VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Como triunfo “contundente” calificaron los maestros el convenio firmado con el gobierno del estado para terminar el paro laboral, entre lo que destaca la entrega de 82 millones de pesos para docentes y personal de apoyo, cuando las autoridades “no quería aportar nada”. Retadores, los líderes de la Sección 29 de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) e Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Guadalupe Acopa, Rafael Burelo y Diego Ánimas, reiteraron que para ellos Rodolfo Lara Lagunas no es el secretario de Educación y que insistirán en su destitución. Incluso, reconocieron como su único interlocutor al secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, y festinaron los 82 millones de pesos que el gobierno de Arturo Núñez les aportará este año, aunque “auditable, lo que no ocurrió con los 330 millones que, de 2008 a 2012, el exgobernador priista Andrés Granier Melo entregó a la Sección 29 del SNTE. También señalaron como otro logro el pago de carrera magisterial, becas para estudiantes del tercero al sexto año de primaria y un convenio con el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) para 10 mil créditos de vivienda a los maestros. Asimismo, un programa de regularización de plazas directivas, otro de recategorización y que se gestione ante la Federación que a los profesores de telesecundaria se les asignen contratos de 35 horas semanales, cinco más que las 30 que tienen actualmente. Al mediodía, el secretario de Gobierno, de Educación y de Administración, Raúl Ojeda, Rodolfo Lara y Eloísa Ocampo González, hicieron públicos los 29 puntos del convenio firmado con los líderes del SNTE, SITET y SITEM que, durante dos semanas, paralizaron el sistema educativo básico en perjuicio de más de medio millón de alumnos. Ojeda Zubieta resaltó que el convenio “es totalmente transparente, auditable y apegado a la legalidad”, y reiteró que “no está a discusión” la permanencia de Rodolfo Lara al frente de la Secretaría de Educación. Además, señaló que las partes convinieron en que para el año en curso el gobierno cubrirá “una prestación extraordinaria, plenamente auditable”, para fomentar el total cumplimiento del calendario escolar y mejorar con ello el rendimiento de los alumnos. Esta prestación, detalló Ojeda Zubieta, se integrará con un fondo de hasta 82 millones de pesos que se distribuirá entre los trabajadores de educación básica y normal, de la forma que conjuntamente la Secretaría de Educación y los sindicatos acuerden. Convinieron asimismo la instalación de mesas de diálogo y trabajo para tratar la basificación de empleados, revisar la situación de asesores técnicos pedagógicos, e iniciar el proceso de regularización de docentes que desempeñan funciones distintas a las que corresponden a su plaza. También la regularización y pago puntual de las quincenas y prestaciones salariales de los docentes, agilizar los trámites de contratación de trabajadores de la educación, y pronta solución al problema heredado por el gobierno de Granier Melo con las aseguradoras, a las que no se les pagó pese el descuento a los mentores. Aparte, se plantea la continuidad al pago de becas de alumnos de niveles de educación básica, y la solventación del pago a docentes que obtuvieron ascensos derivados de los programas de Carrera Magisterial, PROEDA y PECE. Asimismo, el compromiso del gobierno tabasqueño de informar al magisterio sobre las acciones del Programa de Obras de Construcción y Mantenimiento que actualmente se ejecutan, así como la puesta en marcha de un programa especial de prevención y vigilancia, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en escuelas ubicadas en zonas de alta incidencia delictiva. También se gestionará ante el Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET) el pago de prestaciones a docentes jubilados, y con base en la normatividad vigente, se revisará la recategorización del personal de apoyo y asistencia. El gobierno de Arturo Núñez se comprometió, además, a reforzar las gestiones ante el gobierno federal para la creación de nuevas plazas administrativas, docentes y directivas, así como a facilitar el acceso de maestros a programas de vivienda, a créditos personales a tasas preferenciales y a promover ante instituciones de seguridad social la atención adecuada de los afiliados.