MONTERREY, N.L. (apro).- El Congreso local acordó presentar una denuncia contra el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Pablo Elizondo García, por utilizar programas sociales con fines políticos durante el arranque del programa Empleo Temporal. La iniciativa, que fue aprobada con 20 votos a favor por 17 en contra se suma a la querella penal interpuesta por el PAN contra el mismo funcionario ante la Procuraduría General de la República, el pasado viernes 6. En la sesión de este lunes, los legisladores detallaron que el 21 de agosto anterior, en un evento público en la colonia La Alianza del sector San Bernabé, en esta capital, Elizondo entregó recursos a nombre del gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz. Por ello, acordaron que el próximo jueves 12 el panista Enrique Barrios Rodríguez acuda a las oficinas centrales de la Sedesol, en la Ciudad de México, para presentar la queja directamente ante la titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, y pedirle que inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa contra Elizondo. Barrios precisó que la denuncia está “plenamente sustentada”, porque durante el arranque del programa Empleo Temporal hubo centenares de testigos y medios de comunicación que escucharon al delegado de la Sedesol atribuir el mérito de la entrega de recursos al gobernador nuevoleonés. Al dar a conocer el esquema, con el que se beneficiará a 600 personas mediante una inversión de 15 millones de pesos, el funcionario federal aclaró que los recursos provenían de recursos federales y estatales. “Les comento y les reafirmo, este programa más la rehabilitación de espacios públicos y todo los programas que están llegando a este municipio y a todas las colonias son dinero del presidente de la República y es dinero del señor gobernador”, puntualizó en aquella ocasión. Añadió: “Son recursos federales y son recursos estatales, lo vamos a llevar muy presente en la mente, el único recurso que está llegando a este sector es el federal y es el estatal”. Al respecto, Enrique Barrios señaló que acciones de ese tipo “son constitutivas de delito”, porque la legislación federal prohíbe hacer uso político de programas sociales, “sobre todo endilgárselos con nombre y apellido a un servidor público.