VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Para no ser “juez y parte”, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) declinó continuar las investigaciones sobre las circunstancias en que murió el policía Mateo Jacinto Rodríguez durante su detención como presunto integrante de una banda de secuestradores. La PGJ informó que trabaja para remitir el caso a la Procuraduría General de la República (PGR). La familia del agente asegura que fue torturado y eso le causó la muerte, mientras que la Procuraduría local insiste en que falleció por infarto agudo al miocardio. Ante ello, el procurador Fernando Valenzuela Pernas informó que se inició averiguación previa por la presunta comisión del delito de tortura y que se trabaja “a marchas forzadas” para integrarla, declinarla y remitirla a la PGR, “para que sea la instancia federal la que continúe y concluya la investigación”. El funcionario federal explicó que se tomó esta decisión como un ejercicio de transparencia y para que no se caiga en la sospecha de ser “juez y parte” en las averiguaciones. Sin embargo, insistió en que en la PGJ “se hicieron bien las cosas” y que, en caso de determinarse que alguien actuó mal,  “se va a sancionar y se le aplicará la ley”. Valenzuela Pernas mencionó que tuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso para informar de los avances de la investigación del agente. Según el procurador, Mateo Jacinto Rodríguez fue detenido el viernes 10 junto con otro policía del municipio de Huimanguillo cuando presuntamente pretendían secuestrar a un ganadero. La madrugada del sábado “se sintió mal” en la Fiscalía de Combate al Secuestro y murió “de infarto agudo al miocardio”, en el Hospital Juan Graham de esta capital. El funcionario agregó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició su trabajo de investigación y que la PGJ está en la mayor apertura para colaborar, “porque nos interesa que se esclarezca el caso”. Luego rechazó que dentro de la PGJ se torture a los detenidos y mencionó como prueba que en 2013 –primer año de gobierno de Arturo Núñez– no tuvieron recomendaciones de derechos humanos en casos de tortura. Sin embargo, aceptó que en otros años sí las ha habido. “Un servidor acaba de aceptar recomendaciones de hechos ocurridos en 2009 y 2010 por prácticas de tortura”, concluyó.