Anuncia Ortega Bernés nuevo plan de austeridad

jueves, 16 de enero de 2014
CAMPECHE, Camp. (apro).- En la recta final de su gobierno, Fernando Ortega Bernés anunció un nuevo plan de austeridad, racionalidad y ajuste presupuestario en la calidad del gasto y la gestión pública. De acuerdo con el mandatario estatal, con las modificaciones de 2008 que se hicieron a la fórmula para distribuir el Fondo General de Participaciones (FGP) –establecida en la Ley de Coordinación Fiscal–, los recursos que recibe el estado están “íntimamente ligados a las variaciones del PIB petrolero, lo que ha representado una volatilidad” de los ingresos. Añadió: “Si el efecto petrolero no impactara en la fórmula, nuestras participaciones hubiesen crecido, dado que el PIB del estado considerado sin el petróleo ha crecido paulatinamente, pero como el PIB petrolero ha caído, entonces las participaciones también”. Por lo anterior, explicó, entre 2008 y 2013 Campeche dejó de recibir del FGP 1 mil 628.88 millones de pesos, y adelantó que para este año, con base en la publicación del calendario de participaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se estiman afectaciones negativas de 184.5 millones de pesos. Dadas las circunstancias, dijo, es necesario para su gobierno aplicar el nuevo plan de austeridad. En lo concerniente al rubro de Gasto Administrativo en Servicios Personales, señaló que se realizarán los ajustes correspondientes, “a fin de que los salarios de los titulares de las dependencias y entidades estatales se mantengan en 2014 iguales a los del año pasado, y que el salario actual del gobernador también sea igual al del 2013 y menor al instituido en el ejercicio 2009”. El mandatario estatal aseguró que se reducirá el gasto asociado a los servicios personales, con excepción de educación, salud, desarrollo y asistencia social y seguridad pública, y la Secretaría de Administración instrumentará un programa de retiro voluntario, con la correspondiente cancelación de plazas, y no se autorizará a las dependencias y entidades la creación de nuevas plazas que no se encuentren previstas en la Ley de Presupuesto Egresos. De igual manera, dijo, se consolidará un registro único de recursos humanos, y sólo se podrá contratar personal bajo el régimen de honorarios, previa autorización de la Secretaría de Finanzas y de Administración, cuando la dependencia o entidad responsable justifique plenamente su utilidad. Ortega Bernés adelantó que “previo diagnóstico, se valorarán las propuestas de fusión o supresión de dependencias y entidades para ser más eficientes, siempre que no se afecte la operación y continuidad de obras y programas prioritarios en el servicio público”. En lo que toca al rubro de materiales, suministros y servicios, sostuvo que el gasto deberá reducirse en al menos 5%, en tanto que los gastos de representación y comisiones oficiales se reducirán aproximadamente 20% y los de comunicación social en igual tanto. Detalló que se promoverá “la contratación consolidada” de materiales y suministros, mobiliario y demás bienes, así como servicios, con el objeto de disminuir las erogaciones por ese concepto. También dio a conocer que las dependencias, órganos y entidades paraestatales deberán sujetarse a una serie de medidas de modernización y eficiencia, entre las que enlistó el ahorro en el consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos, y abstenerse de la edición e impresión de libros y publicaciones que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Manifestó que se promoverá el uso racional de material de oficina, materiales y útiles de impresión y fotocopiado, para lo cual deberán privilegiarse los medios informáticos, y en los casos procedentes se establecerán tarjetas de crédito, débito y monedero electrónico para el control y comprobación del gasto correspondiente al consumo de gasolina, viáticos, pasajes, gastos administrativos menores y alimentación, entre otros. Las erogaciones por concepto de gastos de eventos deberán ser plenamente justificadas, considerando en primera instancia la utilización de inmuebles propiedad del estado o bajo su administración, y no se autorizarán adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas públicas, “salvo en los casos estrictamente indispensables”. El plan de austeridad prevé que los gastos destinados a transferencias a fideicomisos se reduzcan en al menos 20%, para lo cual las dependencias que en sus presupuestos tengan autorizada la entrega de ayudas diversas, deberán reducirlas en al menos 30%, y las entidades, a través de sus juntas de gobierno, deberán considerar de sus ingresos propios existentes –aun cuando no estén considerados en sus respectivos presupuestos– los recursos que sean necesarios para su aportación en los convenios, acuerdos y documentos contractuales que tengan aplicación en las funciones que desempeñen. De nueva cuenta, añadió, habrán de reestructurarse los adeudos, y para ello la Contraloría deberá realizar un estudio sobre los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de validar su procedencia y, en su caso, cancelación, cuyo resultado deberá entregar a más tardar el 28 de febrero de 2014 a Finanzas. Esta última dependencia deberá realizar un estudio sobre los vencimientos de los créditos bancarios contratados y adeudos fiscales de ejercicios anteriores, su afectación en los flujos de efectivo en el 2014 y la posibilidad de reestructurar el adeudo. Con estos ajustes, el gobierno campechano pretende optimizar los recursos para poder dar continuidad este año a las obras que iniciaron en 2013.

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