MONTERREY, N.L. (apro).- El desplazamiento a Michoacán de 350 elementos federales para atender la crisis en esa entidad ha afectado la labor de prevención del delito en los municipios rurales nuevoleonenses, pues soldados, marinos y agentes de la PF eran quienes hacían los rondines fuera del área metropolitana, acusaron organismos privados de la entidad. La salida de los militares ocurre cuando se reporta un incremento de delitos como robo, violencia familiar y violaciones, en algunos de los 40 municipios del área rural, explicaron en conferencia de prensa representantes de la Cámara de Industria de la Transformación (Caintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo León, así como de la Cámara Nacional de Comercio Canaco de Monterrey y el Consejo Cívico. Al presentar su 36 informe mensual sobre incidencia delictiva correspondiente a diciembre del 2013, los organismos privados pidieron una explicación al gobierno de Rodrigo Medina sobre la salida de las fuerzas armadas de la entidad. “Durante la semana pasada circuló la noticia de que 350 elementos federales dejaban Nuevo León para sumarse a la operación de seguridad en Michoacán. De ser así nos gustaría conocer la postura del gobierno estatal sobre cómo se mantendrá la vigilancia a pesar de esta baja de elementos”, dijeron los representantes empresariales. Agregaron: “la preocupación es porque (los federales) estaban encargados de patrullar municipios fuera del área metropolitana, que como aquí lo hemos dicho, es donde han subido los índices delictivos”. Los directivos privados dijeron estar preocupados debido a que del 2012 al 2013 la denuncia de delitos en la zona conurbada aumentó 13%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 34%. En los municipios fuera del área citadina se disparó la estadística del robo a casa habitación con 63% en el lapso mencionado, así como 51% en robo a negocios. En esa zona rural también hubo un aumento de 118% en violencia familiar y delitos equiparables, así como un ascenso de hasta 63% en los casos de violación. José Mario Garza Benavides, director de Coparmex Nuevo León, recordó que el gobernador de Nuevo León ha incumplido con el compromiso de integrar a 15 mil elementos a la nueva policía estatal Fuerza Civil (FC), que en el cuarto año de la administración apenas alcanza la cifra de 3 mil, es decir, la quinta parte de lo ofrecido. De esta manera, la FC apenas tiene capacidad para cumplir con los trabajos preventivos y de combate al crimen en Monterrey y deja prácticamente desatendida a la zona rural de Nuevo León. Además, lamentó que el gobierno federal le ordene al de Nuevo León ocultar las cifras de los delitos con el propósito aparente de no alarmar a la ciudadanía. “Es muy lamentable esto que parece ser una línea que se marca desde el nivel federal, para ir pasando a un segundo plano la demanda de seguridad. Creo que no lo ha logrado el gobierno federal y prueba de ello es lo que está pasando en Michoacán, Guerrero, etcétera. Y eso lo estamos trayendo al estado”, acusó. “El gobierno estatal comete un error al ocultar información que tarde o temprano sale a la luz pública y eso genera mayor desconfianza de las mismas cifras que ellos están manejando. La invitación es a mantener la objetividad para que los ciudadanos conozcamos lo que ocurre en la entidad”, concluyó.