Busca Tabasco revivir ley para regular redes sociales

martes, 28 de enero de 2014
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ) pretende regular las redes sociales ante la ola de rumores difundidos en los últimos días sobre roba chicos y tráfico de órganos humanos. Aureola Rodríguez Cupil, subprocuradora de Investigaciones de la PGJ, dijo que, luego de analizar y consensuar con todos los sectores, se podría retomar y actualizar la Ley contra la Alarma Social, aprobada durante el gobierno del priista Andrés Granier Melo, para penalizar con cárcel a quien difunda “información falsa que provoque movilización, pánico y caos social”. La funcionaria reveló que la PGJ está muy interesada en tomar todo tipo de acción para que la difusión de rumores en las redes sociales o vía mensajes telefónicos “se castiguen y sobre todo se prevengan”. Rodríguez Cupil manifestó que un audio falso difundido por WhatsApp, en el que una mujer habla del secuestro de dos niños y la extracción de órganos, “probablemente sea el motivo para que se legisle y se hagan propuestas”, ya que “el derecho es cambiante, la sociedad es cambiante. “Lo importante es que esto sirva de ejemplo, de golpe de timón, que tomemos conciencia y nosotros como sociedad poner un alto a este tipo de rumores”, advirtió. En agosto de 2011, quinto año de gobierno de Granier Melo, el Congreso aprobó la Ley contra la Alarma Social, conocida también como Ley Antirumores, que penaliza de seis meses a dos años de cárcel a quien difunda, vía telefónica o redes sociales, falsas alarmas que provocan pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos. Lo anterior, en respuesta a los rumores que vía telefónica, Twitter y Facebook se difundieron tres meses atrás sobre supuestos grupos armados que atacarían centros escolares y ejecutarían a estudiantes en esta capital y varios municipios del estado. La difusión causó pánico entre padres de familia que, masivamente, sacaron a sus hijos de los planteles. En ese entonces el gobierno de Granier rechazó las versiones y anunció que se tipificaría como delito y se castigaría con cárcel a quien difundiera falsas alarmas, lo que finalmente ocurrió el 31 de agosto de 2011, con la aprobación de la Ley contra la Alarma Social. Esta medida “fascista” levantó una ola de repudio social por considerarse un instrumento para coartar la libertad de expresión. La procuradora de Asociaciones Civiles, Teresa Jaber Pancardo, tachó de “fascismo puro” la Ley Antirumores que, advirtió, sólo buscaría acallar a luchadores sociales “y obligar a los tabasqueños a soportar, sin criticar, los malos gobiernos. “Es grotesco que Tabasco sea el primer estado del país en aprobar este tipo de ley que, más que un avance, significa un retroceso en aras de la libertad de expresión”, acusó. El exdiputado federal panista Gerardo Priego Tapia dijo que era una vergüenza que en Tabasco se hubiese legislado “contra la libertad de expresión”. Con esto, “Tabasco se coloca como vergüenza nacional e internacional”, criticó. “Va a ser ridículo que se sepa que en un lugar llamado Tabasco se legisló contra la libertad de expresión”, remachó para enseguida condenar que en la entidad se decidiera acallar a instrumentos que sirven para ejercer las expresiones libres, como son las redes sociales. El asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, denunció que el gobierno del estado pretendía monopolizar la verdad y que, cualquiera que opinara diferente, “podrá ser presentado ante el Ministerio Público o sometido a prisión, acusado de estar atentando contra la paz social”. El entonces presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Daniel Vázquez Díaz, rechazó tajantemente la Ley Antirumores porque, dijo, no había criterios para determinar cuándo se trataba de información o de rumor, y que el mejor mecanismo para contrarrestar éstos era que las autoridades brindaran información oportuna. Incluso pidió a la PGJE “no distraerse en asuntos como el combate a los rumores “porque, además, no contaba ni con personal suficiente “para enfrentar la delincuencia”.  

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