CUERNAVACA, Mor. (apro).- Diez policías estatales fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato de tres escoltas del procurador Rodrigo Dorantes e intento de homicidio del fiscal, en febrero del 2013. La noche del 7 de febrero policías estatales dispararon contra el convoy del procurador Rodrigo Dorantes cuando investigaban un secuestro. Al marcarle en reiteradas ocasiones el alto a las camionetas, sus conductores se negaron y se dispararon unos a otros. Los hechos ocurrieron cuando las camionetas circulaban sobre la avenida 10 de Abril, de la colonia Las Granjas de esta ciudad. En el lugar quedaron abatidos tres policías ministeriales, mientras que Dorantes Salgado logró huir y refugiarse. La camioneta blindada del procurador recibió docenas de impactos de arma de fuego. Inicialmente el gobierno del estado difundió la versión de la “confusión”, sin embargo, el gobernador Graco Ramírez dijo que se había tratado de un atentado directo de los policías estatales contra el recién nombrado fiscal. Esa versión fue rechazada por la secretaria de Seguridad en Morelos, Alicia Vázquez Luna, quien aseguró que los ministeriales dispararon primero a los estatales. Sin embargo, este viernes un juez de Control de Juicios Orales determinó vincular a proceso a los policías estatales por el delito de homicidio de tres elementos de la Policía Ministerial y homicidio en grado de tentativa contra el procurador Dorantes Salgado. La decisión judicial no gustó a los familiares de los uniformados que esperaban la resolución a las afueras de los juzgados e iniciaron una marcha por el Centro Histórico en la que advirtieron que, si es necesario, acudirán a la Presidencia a denunciar que hubo favoritismo en el juicio a favor del procurador por ser “juez y parte en el juicio”. Las familias caminaron por calles de Matamoros, Galeana, Gutenberg y Guerrero. En el trayecto gritaban que acudirían a organizaciones no gubernamentales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la misma Presidencia de la República para que atiendan el caso sus familiares que llevan 10 meses recluidos en espera de una sentencia absolutoria.