MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Equipo Indignación, agrupación civil pro-derechos humanos, condenó la certificación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregó a la Fiscalía General de Yucatán (FGY) y lamentó que el criterio aplicado fue sólo la asistencia a cursos en lugar del cumplimiento con las obligaciones en la materia. La certificación se logró luego de 97 mil horas de capacitación divididas en 18 cursos impartidos por la CNDH. Con ello, se convirtió en la primera institución de procuración de justicia a nivel nacional en certificar a sus servidores públicos en Derechos Humanos. En la ceremonia protocolaria, en la que 800 servidores de la FGY, dirigida por Celia Rivas, fueron certificados por la Comisión, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, informó que la certificación es resultado del trabajo iniciado a partir del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Sin embargo, la asociación civil Equipo Indignación criticó, mediante un comunicado, la certificación y deploró “el uso político que pretenden darle confundiendo la asistencia a cursos con las obligaciones en materia de derechos humanos”. Insistió en que “la única forma de medir fehacientemente el compromiso de cualquier autoridad por el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos, es su actuar cotidiano”. La agrupación consideró que los estándares acuñados por la CNDH llevan a “banalizar el compromiso del Estado en la materia y reducirlo a meras formalidades y protocolos… ni la institución certificada tiene méritos para serlo, ni quien certifica tiene la legitimidad para hacerlo”. Equipo Indignación deploró que las razones de la CNDH tengan sustento “de carácter político”. Luego mencionó algunos casos en que la Fiscalía presuntamente incurrió en violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, mencionó el de Roberth Tzab, cuya muerte ocurrió en un celda de Tekax, “en condiciones que obligan a presumir tortura” y en el que, dijo, “la misma CNDH lleva más de dos años sin resolver un recurso interpuesto contra una débil e insuficiente recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)”. Otro caso ejemplificado fue el del 11 de septiembre de 2013, cuando la CNDH emitió la recomendación 34/2013 por graves irregularidades de la Fiscalía General del Estado en la investigación por la muerte del adolescente JFC acaecida en Valladolid. Un tercero fue el de “La Casta Susana”, relacionado con el acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia de género, el 10 de diciembre de 2013. La asociación acusó a la FGY y su titular, Celia Rivas, de “reforzar los estereotipos y realizar actuaciones discriminatorias en casos de crímenes de odio por homofobia”, como en el caso del asesinato de Samuel Woodruf, en noviembre de 2012, en el que se revelaron datos de su vida personal. Por último, recordó que la Codhey, en su último informe de labores presentado en junio pasado, ubicó a la Fiscalía General del Estado como la tercera autoridad que tiene mayores denuncias por violaciones a derechos humanos en la entidad, por detrás de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública.