PUEBLA, Pue. (apro).- Policías, custodios y bomberos denunciaron que el gobernador Rafael Moreno Valle los engañó para que levantaran el paro de labores que iniciaron el pasado 29 de septiembre, y les hizo creer que había quedado sin efecto el cese de 400 elementos que supuestamente no aprobaron sus exámenes de control y confianza. Reunidos en un parque cercano a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, los uniformados señalaron que ahora están en la “incertidumbre total”, pues creyeron en el acuerdo que les ofreció el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Adolfo Canseco Villagrán, quien les dijo que podían volver a sus trabajos y que no habría represalias. No obstante –añadieron–, al día siguiente, ya cuando habían levantado el paro laboral, el gobernador desconoció ese ofrecimiento y confirmó el cese de los 400 elementos e incluso advirtió que habría más bajas en las corporaciones. A nombre de los inconformes, el policía Jesús Huerta narró que el pasado lunes, después de 12 horas en paro, Canseco Villagrán arribó a las instalaciones de la SSP y les pidió que desistieran de la manifestación a la que se sumaron policías, bomberos y custodios cesados y activos. “Nos aseguró que los ceses quedaban sin efecto y que incluso los compañeros que habían firmado ya sus renuncias, no tenían de qué preocuparse porque eso se anularía, que volviéramos a presentarnos a nuestros trabajos de manera normal y que se revisarían nuestras situaciones caso por caso”, relató. Sin embargo, señaló, al día siguiente se dieron cuenta del engaño, no sólo por las declaraciones del gobernador, sino porque a los elementos que ya firmaron sus renuncias ahora se las hacen efectivas. Algunos custodios que se presentaron a sus lugares de trabajo indicaron que no sólo no pudieron reincorporarse a sus labores, sino que fueron notificados de que habría más bajas. De hecho, este miércoles se confirmó que entre 70 y 80 policías ministeriales igual fueron cesados por no aprobar los exámenes de confianza. Huerta aclaró que la mayoría de los elementos buscan preservar sus trabajos, ya que es la única forma que tienen para dar sustento a sus familias, pero en caso de que no existan posibilidades de ser reincorporados, piden que se les liquide como lo marca la ley. Asimismo, denunció que las negociaciones para el finiquito se hacen de manera discrecional, pues mientras a unos les han ofrecido mil pesos y a otros mil 200 por año laborado, y algunos más les han propuesto 5 mil pesos para que acepten firmar sus renuncias. “Lo que pedimos es que nos den certidumbre laboral, que nos garanticen qué es lo que va a pasar con nuestro trabajo. Algunos tenemos más de 20 años trabajando, hemos estado en áreas sensibles, donde hemos demostrado que somos confiables. No puede ser que de pronto nos digan que hemos dejado de serlo”, subrayó. Sobre la prueba de control y confianza, aseguró que se basa en criterios subjetivos, por lo que han pedido al gobierno del estado que revise también la trayectoria laboral y los expedientes de cada uno de los elementos cesados. Los uniformados advirtieron que buscarán un diálogo con las autoridades de la SSP, pero si no existe un acuerdo para su reincorporación o bien una liquidación conforme a la ley, recurrirán a los tribunales.