MÉXICO, D.F. (apro).- Obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco condenaron los hechos ocurridos en Iguala, y aseguraron que la desaparición de 43 normalistas y la ejecución de tres más es una muestra de que la violencia desatada en el estado “tiene capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad”. En un comunicado dirigido a las comunidades diocesanas, agentes de pastoral, autoridades y sociedad civil, los obispos precisan que en los últimos dos años han asumido “como eje transversal de nuestra colaboración el tema de la construcción de la paz”, ante las condiciones dramáticas de violencia en diversas regiones de la entidad. Y tras enumerar las acciones promovidas, destacan que Iguala es “una ventana para reconocer la realidad profunda del Guerrero de hoy y una oportunidad para la corresponsabilidad”. La crisis social y política desencadenada a partir del 26 de septiembre en ese municipio, añaden, es un adelanto de que la violencia desatada en la entidad desde hace años “tiene capacidad de desestabilización y de ingobernabilidad”. De acuerdo con el comunicado, “la cifra espantosa de más de 12 mil homicidios dolosos desde el año 2007 nos hace pensar que el caso de Iguala es una muestra de lo que ha sido la vida cotidiana en los últimos años. Además de los homicidios, hay miles de víctimas de secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas, que son algunas de las formas más comunes de violencia que padecemos”, apunta. Los obispos sostienen que, según encuestas de opinión, la inseguridad y la violencia son los problemas más graves del estado, y subrayan que los 43 estudiantes aún desaparecidos de la normal de Ayotzinapa han engrosado el número de víctimas de las violencias. “Estamos ante un momento muy crítico, que necesita ser abordado con mucha responsabilidad por los diversos actores sociales y políticos”. Resaltan que el hecho de que hayan sido los cuerpos policiacos y las autoridades constituidas los protagonistas de ese caso “tan doloroso”, hace pensar en la necesidad de poner la máxima atención en el factor político de la violencia, ya que las autoridades responsables de la seguridad y del bienestar de la población “están actuando en contra del interés público y eso nos obliga a pedir un esfuerzo mayúsculo para el saneamiento de las instituciones públicas afectadas por el cáncer del crimen organizado”. Asimismo, piden poner especial atención a los municipios, “que son altamente vulnerables ante las amenazas de las organizaciones criminales”. En su texto, los obispos de las diócesis guerrerenses hacen un llamado urgente a las autoridades para que antepongan siempre el bien de los pueblos antes que cualquier otro interés político o partidista. “Es necesario que protejan a las instituciones públicas de cualquier signo de orden criminal para que cuenten con la confianza de los ciudadanos. También les pedimos que hagan una opción preferencial por las víctimas de las violencias, por lo que en este momento sigue siendo de alta prioridad encontrar a los normalistas desaparecidos”, puntualiza el documento. Los prelados también hacen un llamado a la sociedad y a sus organizaciones para que participen de  manera responsable, privilegiando el diálogo y la búsqueda del bien común. “Entendemos que en circunstancias como las actuales, repletas de rabia e inconformidad, los ánimos se exacerban, pero la violencia no resuelve nada pues solo complica las soluciones”. Finalmente, ofrecen a los familiares de las víctimas “el consuelo y la esperanza de la fe (…) para que encontremos el camino del perdón, la reconciliación, el consuelo, la esperanza y la paz”. El texto esta firmado por Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco, y los obispos de Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavala Castro; Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, y Ciudad Altamirano, Maximino Martínez Miranda.