OAXACA, Oax. (apro).- Entre sollozos, Lucina Garnica, madre de Christian Tomás Colón Garnica, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ruega a Dios para que su hijo no se encuentre entre los 28 cuerpos que localizaron en las fosas clandestinas ubicadas en Iguala. “Mi hijo está desaparecido en Guerrero. Lo secuestraron y no sabemos si está vivo. Nos mandaron llamar para el estudio de ADN, pero no hemos podido ir porque no tenemos dinero para el pasaje”, dice. Con el dolor a cuestas, la mujer admite que Christian, de 18 años, es uno de los estudiantes que se encuentra en la lista de desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, cuando sicarios y policías atacaron a los normalistas y se llevaron a varios de ellos. La familia del joven pidió el apoyo del gobierno estatal, instituciones de derechos humanos –entre ellos la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)– y organismos civiles para viajar a Guerrero y tener noticias de primera mano. “Pido justicia, pido se castigue a los que secuestraron a mi hijo Christian, quien se fue a estudiar a la Normal de Guerrero apenas el pasado 16 de julio. Es su primer año allá. Apenas salió de la prepa de Tlacolula (municipio ubicado a 32 kilómetros de esta capital). Se fue a estudiar allá con su otro hermano”, subraya Lucina Garnica, y exige al gobierno de Gabino Cué que se sume a la búsqueda del estudiante oaxaqueño. El caso de Christian Tomás se suma al del indígena huave Édgar Andrés Vargas, de 19 años, originario del municipio de San Francisco del Mar, municipio localizado en el Istmo de Tehuantepec, quien también resultó herido en el ataque del 26 de septiembre. Vargas, estudiante de tercer año en la Normal Rural de Ayotzinapa, se encuentra internado en el Hospital General de Iguala, luego de recibir un balazo en la boca que le destrozó el maxilar. Según el alcalde de San Francisco del Mar, Leonel Gómez Cruz, el estado de salud de Édgar Andrés se reporta como estable. Por separado, estudiantes del diplomado “Investigación de la tortura: manejo del protocolo de Estambul” condenaron los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero y los calificaron “de extrema gravedad”. “Es una muestra más de las graves violaciones a los derechos humanos y la situación que viven diversos sectores, quienes hacen uso legítimo del derecho a la libertad de expresión, pero (las autoridades) criminalizan la protesta social. El uso excesivo de la fuerza pública, los asesinatos, la desaparición forzada y la tortura no tienen justificación y son totalmente inaceptables e inadmisibles estos hechos”, apuntaron. De acuerdo con los estudiantes, el Estado mexicano es doblemente responsable por las violaciones a los derechos humanos “por la acción y omisión”, por lo que deberá tomar acciones para efectuar una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata y presentación con vida de los desaparecidos. “Estos actos evidencian el desinterés del Estado por no cumplir con las obligaciones adquiridas al suscribir los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para erradicar todo acto de tortura”, detallaron. Y más: “Los eventos denotan que a más de tres años de la reforma en materia de derechos humanos, las autoridades no cumplen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.