SAN PEDRO CHOLULA, Pue. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) consignó ante el Juzgado Penal de Cholula a los activistas Adán y Paul Xicale, Albino Odilón y Primo Manuel Tlachi, opositores a la construcción de un parque en las inmediaciones de la gran Pirámide y el templo de la Virgen de los Remedios. El abogado defensor, Vladimir Luna Porquillo, señaló que las cuatro personas que se oponen al proyecto impulsado por el gobernador Rafael Moreno Valle fueron acusadas de despojo, ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra el orden constitucional y daño en propiedad ajena. Dos de esos cargos, dijo, son considerados graves. Luna Porquillo precisó que ya suman 37 los “presos políticos” en Puebla, a pesar de que existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al gobierno del estado y a la PGJE, para que establezcan de inmediato una mesa de diálogo con el fin de atender todos los problemas sociales que existen en la entidad. “En lugar de que se cumplan las recomendaciones, con la detención del compañero Adán queda evidenciado una vez más que no se están dando las garantías a los derechos sociales y humanos en Puebla”, agregó. Las autoridades judiciales abrieron las averiguaciones previas 581/14 y 580/14 contra los activistas por las acciones de protesta que realizaron el pasado martes 6, cuando tomaron el edificio del Ayuntamiento y cerraron por varias horas el Periférico Ecológico, en demanda de que se tome en cuenta la postura de los cholutecas en la construcción del parque en terrenos que ellos consideran “sagrados”. De acuerdo con el abogado, las acusaciones contra los activistas fueron presentadas por el Ayuntamiento de esta localidad, que ha llevado a empleados y policías para que declaren contra los detenidos. Ninguno de ello, indicó, ha cometido delito alguno, lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la manifestación, luego de que los gobiernos estatal y municipal se han negado a escuchar los planteamientos no sólo de los pobladores, sino de antropólogos y arqueólogos sobre la improcedencia del parque, subrayó. “Es el mismo abc que han seguido con otras detenciones políticas, fue exactamente el mismo procedimiento: declaran policías y trabajadores del Ayuntamiento bajo un claro aleccionamiento. Todo lo integran en la Metropolitana, en lugar del Ministerio Público, lo mismo que se ha hecho en otros casos (de presos políticos)”, apuntó. Además, dijo, los acusados fueron incomunicados alrededor de siete horas y presentan golpes en distintas partes del cuerpo, en especial Odilón Tlachi, quien denunció que fue golpeado por los policías. El abogado se quejó de que los detenidos fueran consignados, pese a que un delegado de la Secretaría General de Gobierno acordó con los pobladores que se dejarían sin efecto las acusaciones, como una muestra de buena voluntad para avanzar en las negociaciones. Por separado, la abogada María Elena Tiro Hernández acusó al gobierno de Puebla de fabricar delitos con declaraciones a modo, con el único propósito, dijo, de desactivar las protestas sociales y la defensa legal que encabezó Xicale en contra del parque que Moreno Valle pretende edificar en las inmediaciones a la Gran Pirámide. Los cuatro detenidos fueron trasladados al Juzgado en una camioneta para que rindieran su declaración preparatoria, que finalmente no ocurrió por la presencia de periodistas y fotógrafos que se encontraban a la entrada. Los acusados fueron regresados al penal bajo el argumento de que “peligraba” su seguridad. Según el abogado defensor, el próximo martes 13 vence el término legal para que el juez determine si dicta el auto de formal prisión en contra de los activistas.