PUEBLA, Pue. (apro).- Activistas de organizaciones de Latinoamérica y de Europa, quienes participaron en el Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia, denunciaron que fueron intimidados y obligados a salir de la entidad por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, luego de que apoyaron a Elia Tamayo, madre del niño asesinado por la policía estatal. Alan Jiménez, activista e investigador especialista en derechos de la infancia, dijo que adolescentes de Bolivia y Venezuela, de 14 y 15 años, denunciaron que integrantes del comité organizador (del congreso) los presionaron y advirtieron que “quien opinaba en Puebla contra el gobierno, era asesinado o desaparecido”. “Esto es importante recalcarlo, porque se ha dicho que los activistas de Venezuela, Bolivia y Alemania salieron por su propio pie, pero no es cierto, fue debido a que personal de organizaciones les recomendaron que por su seguridad ya no asistieran un día más al congreso y se fueran de Puebla”, detalló Jiménez. Fue a partir del “nerviosismo” que generaron estas advertencias, abundó, que algunos participantes en el encuentro internacional tomaron la decisión de irse de Puebla antes de que terminara el congreso, que se llevó a cabo del 12 al 14 de noviembre. El activista leyó una carta que dejó Manfred Liebel, sociólogo alemán y doctor por la Universidad de Bremen, quien igual fue intimidado por apoyar a Elia Tamayo cuando fue expulsada del Centro Expositor al que había acudido invitada por ONG que participaron en el Congreso de la Infancia y la Adolescencia. En su escrito, Liebel señaló que fue la presidenta del DIF estatal, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, quien dio la orden para que la madre del niño asesinado el 9 de julio fuera echada del recinto, sin que pudiera exponer su caso, pese a que en el Congreso Mundial la violencia contra los niños era uno de los principales temas a analizar. “Al apoyar a la señora Elia Tamayo me sentí personalmente hostigado por la presidenta del DIF Puebla e integrantes de su cuerpo de seguridad, y finalmente obligado a irme del estado de Puebla, temiendo por mi propia seguridad”, refiere en su escrito en el que ofrece el apoyo para la demanda de justicia que ha reclamado Tamayo. Alan Jiménez relató que al día siguiente de que Tamayo fue expulsada del congreso, se colocaron tres filtros para ingresar al Centro Expositor y se dieron instrucciones al personal de seguridad de impedir la entrada a participantes de Latinoamérica, con el argumento de que tenían planeado realizar una manifestación. Incluso a una ponente y congresista de Chile, que no había participado en la reunión con la madre del niño, le impidieron el acceso, refirió. Pese a ello, en la clausura del acto, niños y niñas participantes en el encuentro sacaron carteles en los que decían “Nosotros somos la voz de José Luis”, para hacer patente el acto de censura que impuso el estado anfitrión que les prohibió tratar en el congreso el tema del niño que fue asesinado por la policía poblana.