PUEBLA, Pue. (apro).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, la agrupación “Dignas Unidas Ganaremos” exigió al gobierno de Rafael Moreno Valle la liberación de al menos seis mujeres que en los últimos meses fueron encarceladas por participar en manifestaciones o protestas sociales en la entidad. De acuerdo con María Eugenia Ochoa, integrante de la agrupación, la medida representa una violación a los derechos políticos de las mujeres, pues el gobierno poblano las mandó a prisión sin que realmente cometieran algún delito, sino por reclamar algún derecho para sus comunidades o por oponerse a los llamados “proyectos de muerte”. “Esta reacción del gobierno de Rafael Moreno Valle es de represión. Lo que está diciendo es que si tú dices lo que piensas, si tú te manifiestas, si cuestionas los proyectos de muerte, llámese gasoducto, metrobús, lo que sea, eres entonces llevada a prisión, porque te opusiste a una política de orden público”, señaló. Posteriormente la activista demandó al gobierno de Puebla el respeto irrestricto a los derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres que a lo largo de este año han sido encarceladas, hostigadas y acosadas por motivos políticos. Y enumeró los casos de Enedina Rosas Vélez, Josefina Nava Nezahualcóyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana y Angélica Macuitl Coyotl, y Porfiria Flores. Cinco de ellas, dijo, obtuvieron su libertad bajo caución, pero siguen sujetas a proceso, y aunque los cargos que se les imputan están relacionados con su participación en protestas públicas, añadió, se les impusieron altas fianzas que superaron los 120 mil pesos. En el caso de Enedina Rosas, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, comunidad opositora al Gasoducto Morelos, se le otorgó la reclusión domiciliaria por problemas de salud, sin embargo, aún sigue presa. Ochoa también mencionó los casos de otras mujeres, entre ellas Elia Tamayo –madre del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien en julio pasado fue asesinado por policías estatales– y Aracely Bautista, madre del edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes. Ambas, apuntó, han sido “víctimas de un hostigamiento atroz” por parte del gobierno poblano. Por su parte, Stefanía Tapia Machina, también integrante de “Dignas Unidas Ganaremos”, denunció que en lo que va de este año se han cometido 56 feminicidios y 109 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Puebla, sin que las instituciones estatales instrumenten políticas para poner un alto. La activista denunció que si bien se han aprobado leyes que protegen los derechos de las mujeres, el Instituto Poblano de la Mujer no ha “hecho su chamba” de vigilar que estas políticas se cumplan y se ha convertido en un trampolín político para las titulares del cargo.