GUANAJUATO, Gto. (apro).- Molesto por los señalamientos de la abogada Cynthia Ramírez, quien criticó una recomendación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) por carecer de perspectiva de género, un funcionario de ese organismo la increpó en repetidas ocasiones durante su participación en un foro realizado en la Universidad de Guanajuato. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la activista del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez denunció que la PEDH no garantizó una adecuada reparación del daño a una menor de edad que fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor de la Secundaria General 8 de León. Luis Alberto Estrella, adjunto de la secretaría general de la PEDH, atajó de manera hostil a la abogada señalándole que “era imprecisa” y no era correcta su apreciación. A lo largo de su presentación, Cynthia Ramírez fue interrumpida en diversas ocasiones por el funcionario de la PEDH, por lo que aquélla le pidió respeto y, micrófono en mano, le dijo que se estaba presenciando un hostigamiento hacia su persona. Estrella fue secundado por José Luis Monjaraz, abogado defensor de Antonio Jesús Aguirre Zúñiga, presunto responsable del abuso sexual contra la alumna de secundaria, y acusó a la representante del Centro Victoria Díez de “montar un teatrito”. “Considero que una menor de 12 años ya está suficientemente grandecita para saber lo que hace”, lanzó el abogado de Aguirre Zúñiga, sujeto a proceso en un juzgado penal de León. La víctima ha sido acompañada por el Centro Victoria Díez ante diversas instancias, entre ellas la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), la Secretaría de Educación y la PEDH, luego de haber denunciado el abuso sexual que sufrió hace un año, cuando estaba en primero de secundaria. Las agentes del Ministerio Público que llevaron el caso consignaron al sujeto por estupro y no por violación, debido a que la menor –a quien le practicaron exámenes médicos innecesarios y sin consentimiento de sus padres– fue seducida y “se enamoró del profesor”. Tras pagar una fianza de 38 mil pesos, el maestro enfrenta su juicio en libertad porque el delito del que se le acusa no está tipificado como grave. Hace un año la PEDH inició una queja de oficio cuando medios locales difundieron la denuncia de la menor, y hace apenas unos días notificó la resolución a la víctima y a sus padres, quienes se quejaron de que a pesar de que existía una orden de aprehensión contra el agresor, el organismo lo citó y le tomó su declaración sin notificarlo a la PGJ. La recomendación emitida por la PEDH plantea que el titular de la Secretaría de Educación del estado, Eusebio Vega, debe ofrecer una disculpa a la menor y a su familia, y dar garantías para la no repetición de este tipo de hechos, además de ofrecerle ayuda psicológica gratuita y hacer una campaña para difundir los derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres. De igual manera, demandó la instauración de procedimientos administrativos contra tres funcionarias de la Subprocuraduría de Justicia en León, porque emitieron una orden de protección para la menor –que era constantemente acosada por el profesor después de que se puso la denuncia– sin notificarlo al agresor, y porque le practicaron exámenes médicos innecesarios e invasivos durante la integración de la averiguación previa. En opinión del Centro Victoria Díez, la recomendación emitida por la PEDH no analizó el caso de violencia sexual contra una niña desde una perspectiva de género, e inadecuadamente la enmarcó en la Ley contra la Violencia en el Entorno Escolar (o ley antibullying), “que nada tiene que ver con el abuso sexual que cometió el profesor contra la alumna”. De acuerdo con la abogada Cynthia Ramírez, el caso se convirtió en “un ring para ver quién tenía la razón”. Remató: “Los modos dejan ver quizá una intención de mitigar el impacto de nuestras críticas, pero somos defensoras de derechos humanos, no hablamos por las autoridades, sino por las víctimas. La menor y su madre están hartas de que no haya pasado nada, no quieren saber nada más de ninguna autoridad porque todas las han defraudado, y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos también”.