QUERÉTARO, Qro. (apro).- Una denuncia colectiva fue presentada este lunes ante la Contraloría estatal en contra de los funcionarios que amagaron con “romperle la madre” a un comunicador por hablar de la inseguridad en el Estado. “… solicitamos que por su conducto se inicie la investigación correspondiente, y en su caso, se imponga la sanción pertinente como la separación o destitución del cargo…”, dice la querella. El pasado 9 de noviembre circuló en las redes sociales el audio de una llamada telefónica entre el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y el coordinador de Comunicación Social, Abel Ernesto Magaña Álvarez. En dicha conversación, López Portillo Tostado manifestó su molestia porque en el programa el Guardián de la Noche que conduce Juan Manuel Auza, fue abordado el tema de la inseguridad en Querétaro. –Abel, dice Jorge López Portillo Tostado. –Sí, a tus órdenes Jorge, responde Magaña Álvarez. –Oye, en (la estación) 92.7 hay ahorita un individuo, un conductor (…). Yo no lo había escuchado. Pero, cabrón, en materia de seguridad está madreando. –Ahorita le hablo a Jacqueline (la gerente de la estación). –No, no, no, qué poca, a ese hay que romperle la madre, eh”. –Ok, Jorge ok. Una segunda grabación dio cuenta de la conversación entre Magaña y la titular de la estación Integra, Jacqueline Caballero Ávila, así como de Magaña y López Portillo, en la que se expone cómo fue silenciado el comunicador. Al respecto, el secretario de Gobierno admitió que su voz era la del audio, pero más allá del contenido de las llamadas que exhiben la censura en medios y la indicación de madrear a un comunicador, el funcionario expuso que presentaron denuncias por espionaje. A casi un mes del incidente, un grupo de cerca de 29 ciudadanos conformado en mayor medida por académicos y estudiantes, presentaron una denuncia por “responsabilidad administrativa” en la Contraloría Estatal, en contra de ambos funcionarios. “… ambos como servidores públicos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, han realizado conductas que resultan ser contrarias a la libertad de expresión, a la sana práctica democrática y, sobre todo, a la verdad y el honor…”, expusieron. En la denuncia colectiva, recuerdan que el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, establece como principios rectores de la administración pública los siguientes: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. No obstante, los inconformes enumeran tres “vicios” de las llamadas que fueron difundidas de manera pública entre ambos funcionarios: Que los temas de seguridad en el Estado, clasificados como de “alerta” o “rojos”, están prohibidos o controlados amén de la libertad de expresión; que aquel que no respeta ese control es sujeto a represalias que “de manera gráfica son madrizas”, y que posiblemente algunos medios reciben dinero con recursos o partidas desconocidas para controlar estos temas. De manera adicional calificaron de grave que a la fecha la Secretaría de la Contraloría no hay iniciado ninguna investigación a pesar de que el asunto está plagado “de hechos notorios”. El comunicador aludido por los servidores públicos evadió hacer algún pronunciamiento público sobre el asunto o proceder legalmente, según fue informado por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos que lo contactó.