VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Martín Alberto Medina Sonda, presunto socio del extesorero José Manuel Saiz Pineda, se acogió al artículo 20 constitucional para no declarar en torno del nuevo proceso penal que enfrenta, ahora por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) desde el pasado 16 de octubre por el presunto delito de sustracción de menores, Medina Sonda fue llevado a la rejilla de prácticas del Juzgado Primero de lo Penal, pero se reservó su derecho a testificar. Al término de la diligencia, la defensa del inculpado solicitó a la jueza Antonia Trinidad Estrada la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para aportar pruebas. La nueva acusación contra quien se considera “hombre clave” para esclarecer el saqueo a Tabasco, de acuerdo con la averiguación previa DGI-392/2014, se relaciona con la confiscación de 8 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, en noviembre de 2007, procedente presuntamente del erario de Tabasco y que Medina Sonda reclamó como suyo. El 22 de noviembre de 2007, procedente de Tabasco con escala en Ciudad del Carmen, Campeche, arribó al aeropuerto “Crescencio Rejón” de Mérida una avioneta Cessna 340, la que fue objeto de minuciosa revisión por parte de elementos del Ejército. En su interior, los soldados encontraron 25 paquetes de dinero en efectivo que, en conjunto, sumaron 8 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron acreditar el piloto, Gerardo Beauregard Antonio ni el pasajero Héctor Partida González, por lo que fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público federal. En posterior declaración, los detenidos confesaron que el dinero pertenecía al empresario Martín Alberto Medina Sonda y que sería destinado a la compra de tierras en Yucatán. Fue entonces que Medina Sonda, presunto socio de Saiz Pineda en varias empresas, entre ellas, Sociedad Solidaridad para el Trabajo, Sociedad de Solidaridad Social, se apersonó, se ostentó como empresario y reclamó el dinero como suyo. La aeronave había sido utilizada como taxi aéreo para transportar ayuda humanitaria durante la peor inundación de su historia que Tabasco enfrentaba en esos momentos. Una semana después de aquel hallazgo que difundió ampliamente el diario yucateco Por Esto!, Saiz Pineda se desligó de cualquier sociedad con Medina Sonda. Dijo que envió una carta al periódico en la que alegaba que las imputaciones en su contra no correspondían “a la realidad”, y que nada lo vinculaba a los hechos investigados por la PGR. Asimismo explicó que desde el primero de enero de 2007, al asumir la Secretaría de Finanzas de Tabasco, decidió abrir “un paréntesis” en la actividad profesional que desempeñó a lo largo de 17 años como contador público y consultor en materia fiscal, “para atender por completo la responsabilidad” que le confió el gobernador Andrés Granier Melo. En entrevista de radio, Saiz Pineda admitió que conocía a Medina Sonda porque compartió con él “una vida profesional” hasta antes que asumiera la secretaría de Finanzas. Recordó que el 18 de septiembre de 2004 intentó constituir con Medina Sonda y la esposa de éste Emma Gabriela Canto, una sociedad de solidaridad social, con intención de dar a los trabajadores mayores prestaciones, pero la Secretaría del Trabajo le negó la autorización el 1 de agosto de 2005. Interpusieron un recurso de inconformidad, pero el 15 noviembre de 2006 la resolución fue ratificada. “Este tipo de sociedad, para que exista, tiene que tener una autorización especial de la Secretaría del Trabajo. Ésta nunca la otorgó, por lo tanto es una sociedad que nunca existió”, sostuvo, y rechazó que hubiese estando comprando tierras y haciendo inversiones en Yucatán, Campeche, Estado de México y Quintana Roo como denunció Por Esto! Después del arresto de Saiz Pineda, en junio de 2013, durante un cateo a su despacho privado en Villahermosa, se hallaron documentos que probaban su sociedad con Medina Sonda en empresas como Hereditas Consultores Patrimoniales, Patrimonium Asesores Integrales y Consultoría Fiscal y Patrimonial, entre otras. De acuerdo con las indagatorias de la PGJE, a través de éstas y otras empresas, Medina Sonda y Saiz Pineda habrían lavado miles de millones de pesos del erario estatal, con consentimiento del exgobernador Andrés Granier Melo, preso en el Distrito Federal. El pasado 9 de noviembre, durante su segundo informe, el gobernador Arturo Núñez reveló que PGJ tiene abiertas 64 averiguaciones previas en contra de exfuncionarios granieristas por “un monto reclamado sujeto a investigación” de más de 10 mil millones de pesos. Por estas indagatorias, dijo, se han asegurado 35 bienes y 10 cuentas bancarias, nueve de ellas nacionales y una en Islas Caimán. Destacó también que tan sólo de la cuenta pública 2012, último año del sexenio de Granier Melo, existen “observaciones no solventadas” por 11 mil 191 millones 771 mil pesos de recursos federales y estatales. Medina Sonda fue reaprehendido el pasado 16 de octubre en Cancún, Quinta Roo, en cumplimiento a una orden decretada por el juez tercero penal de Tabasco por el delito de sustracción de menores. Tres días atrás había sido arrestado por agentes de la procuraduría General de la República (PGR) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La PGJ informó que Medina andaba “en calidad de procesado y prófugo de la justicia, por el delito de sustracción de menores los cuales estaban bajo el cuidado y custodia de la madre”. En 2012 Medina Sonda arrebató sus tres menores hijos a su exesposa Emma Gabriela Molina Canto, a quien incluso, encarceló en Tabasco en complicidad con autoridades locales, por supuestamente haberle robado una camioneta, según denunció entonces Ligia Canto, madre de Emma. Ingresó al Creset el 17 de octubre y hoy acudió a la rejilla de prácticas para rendir declaración preparatoria, pero se abstuvo, amparado en el artículo 20 constitucional.