AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro. (apro).- Habitantes y miembros de grupos de autodefensa antagónicos que operan en la Costa Chica y La Montaña se unieron para exigir la salida del Ejército de este municipio, con el argumento de que los militares llegaron “para reinstalar a la delincuencia”. Los manifestantes marcharon sobre la carretera interestatal Ayutla-Cruz Grande, pero a la altura del cuartel de la policía municipal de Ayutla, decenas de soldados armados con fusiles y toletes, así como policías federales con equipo antimotín les bloquearon el paso, lo que generó tensión durante al menos cinco horas. En la marcha participaron familiares de los 42 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de esa escuela; guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la fracción de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que opera en la comunidad de El Paraiso, municipio de Ayutla de los Libres. Iban desarmados y encabezados por autoridades comunitarias de 80 poblados de este municipio enclavado en la parte serrana de la Costa Chica. ?Los inconformes querían entregar a las autoridades municipales un documento para exigir el retiro del Ejército, que llegó a este lugar desde el año pasado, luego de que habitantes de Ayutla decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia en enero de 2012. En respuesta a la marcha, decenas de soldados y policías federales les cerraron el paso. Los manifestantes se apostaron frente al contingente policiaco-militar, lo que generó un bloqueo de la vía ?que conecta la región Centro con la Costa Chica durante más de cinco horas. La presión social obligó la presencia del comandante de la 27 Zona Militar, general ?Mario Lucio González, quien de forma prepotente rechazó los argumentos de los pobladores de Ayutla y los exhortó a canalizar su petición ante autoridades civiles. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, le recordó al jefe militar que la Constitución Política prohíbe al Ejército asumir plenamente las funciones de seguridad pública. Le aclaró que la labor de los militares se debe limitar a coadyuvar en este tema con las autoridades civiles. “La Corte Interamericana (de Derechos Humanos) determinó que las fuerzas armadas no deben participar en tareas de seguridad pública, su participación limitada y no pueden tener intervención directa para contener protestas cómo ocurrió este día”, detalló en entrevista. Cuando Rosales Sierra anunció que las autoridades comunitarias habían acordado emplazar al Ejército a desalojar el cuartel y retirarse de Ayutla, el jefe castrense Lucio González estalló: “A mí nadie me va a emplazar”, dijo. Luego se retiró del lugar iracundo y ?rodeado de su escolta militar. La tensión creció. Un grupo de soldados y policías federales armados llegó al lugar para apoyar a sus compañeros. En respuesta, habitantes de la cabecera municipal de Ayutla, en su mayoría mujeres, salieron a las calles y atravesaron vehículos particulares sobre la principal vía del poblado para bloquear el paso de los soldados y federales. Para entonces ya había dos puntos en los que ciudadanos mantenían cercados a militares y policías federales. Ante la presión, el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Miranda, se comunicó vía telefónica con los dirigentes del movimiento social y se comprometió a replegar a los uniformados y a entablar una mesa de diálogo con los inconformes. Las autoridades comunitarias aceptaron la propuesta y desbloquearon la carretera cuando los militares se retiraron a la sede del 47 batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal. El repliegue castrense fue considerado como un triunfo del movimiento. Los manifestantes confiaron en que mañana jueves, el gobierno federal destrabe el conflicto pues consideraron que las autoridades estatales y municipales “están borradas” y que no existe operación política. Advirtieron que, en caso de que las autoridades federales se nieguen en mover la base militar, volverán a manifestarse. Militares reinstalaron delincuencia Andrés Salado Suárez, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ?afirmó que los militares llegaron a Ayutla para reinstalar a la delincuencia organizada, expulsada por los grupos de autodefensa desde hace dos años. El año pasado, explicó en entrevista con apro, se instaló una partida militar en el cuartel de la policía municipal de Ayutla? y desde entonces los uniformados se han dedicado a hostigar a la población, “mientras que a los delincuentes les permiten operar nuevamente de forma impune”. Según el líder, “en este municipio (Ayutla) opera el sistema de seguridad y justicia ciudadana de la UPOEG y la policía comunitaria de la CRAC, y ya aprendimos a cuidarnos solos. Por eso les decimos al gobierno que estamos en contra del Ejército y las policías federal y estatal”.