JALTIPÁN, Ver. (apro).- Ambientalistas de la congregación de Capoacan en Minatitlán y comuneros de Jaltipán exigieron al gobierno de Javier Duarte, legisladores y a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) el cierre definitivo del almacén de coque auspiciado por la empresa ADN Energía –antes García Munté. Los inconformes denunciaron que el combustible sólido almacenado en ese lugar, que funciona a través de una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizada en la carretera federal Minatitlán-Acayucan, ha causado enfermedades de las vías respiratorias y de la piel, así como pérdida de cultivo de plátanos y chiles en la región. Ante una comisión de seis legisladores locales y representantes de los gobiernos federal y estatal, los ambientalistas puntualizaron que en el lugar hay más de 300 mil toneladas de coque –sustancia tóxica compuesta en 90% de carbono, de aspecto arenoso– almacenadas al aire libre. Rafael Hernández, habitante de Jaltipán, acusó que en la administración municipal pasada, el alcalde panista Domingo Bahena Corbala –hoy vicepresidente del Congreso local– hizo el negocio de su vida al vender un estratégico terreno a la empresa española García Munté –hoy ADN Energía–, ello a costa de la salud de miles de habitantes del sur de la entidad. En una reunión realizada en el Centro de Documentación del Son Jarocho de Jaltipán, Hernández increpó a la comisión de diputados: “¿Qué saben del coque?, como en la escuela, diputado que sepa, levante la mano”. Luego de que sólo un legislador levantara la mano, el activista arreció: “¿Por qué los mandan a ustedes? Con el coque el exalcalde, hoy diputado local, Domingo Bahena, hizo un negocio con la problemática del residuo. ¿Cuánto se llevó?, sólo Dios y su conciencia saben”. Después de dos horas de exponer sus quejas, la organización civil Chogosteros en Acción exigió a los diputados y al procurador estatal de Medio Ambiente, Dalos Ulises, hacer las gestiones necesarias para el “cierre definitivo” de la empresa que procesa este residuo para la refinería de Pemex en Minatitlán. Julissa Hernández, presidenta de Chogosteros en Acción, advirtió: “Queremos el cierre total y definitivo de la empresa. Aquí ya tenemos varios casos de dermatitis, esa sustancia volando al aire ocasiona una picazón insoportable, además de enfermedades en la piel; en Capoacan los habitantes tienen que andar todos los días con un antigripal”. También recordó que desde julio pasado enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como al gobierno de Duarte, sin embargo, la PMA sólo respondió con una “clausura temporal” en los trabajos de la báscula y pesaje del coque. En el lugar del encuentro, los activistas colgaron mantas que exigían “Vida sí, coque no”, “Respirar coque es nocivo para la salud” y “Pemex y sus nuevas plantas destruyen el ambiente en el que vivimos”. Otros ambientalistas expusieron que el agua que ya ha sido contaminada por este “combustible sólido” puede ser factor de cáncer de colon, estómago o hígado. Ricardo Perney, del Centro de Documentación del Son Jarocho, fustigó que ADN Energía ha cometido los delitos ambientales suficientes como para su clausura definitiva, sin embargo, lamentó que las autoridades hayan sido permisivas con esta empresa que tiene contratos jugosos con Pemex. De los seis diputados que acudieron a la reunión con organizaciones civiles en Jaltipán, sólo el petista Fidel Robles se pronunció por un “cierre temporal” de la empresa ADN Energía en lo que se desahogan las investigaciones de las autoridades ambientales y de protección civil. El priista Tonatiuh Pola y Jesús Vázquez, del PVEM, prometieron presionar a las dependencias de la Semarnat, Secretaria de Salud y Procuraduría de Medio Ambiente para “verificar” las quejas de los inconformes. En tanto, el procurador Dalos Ulises condicionó el cierre de la empresa a la comprobación de las afectaciones al aire, suelo y agua de la región, así como a sus habitantes. De acuerdo con el expediente MIA-113/2012 y el oficio 2563/2012, en poder de Apro, la estatal Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) ha resuelto a favor los manifiestos de impacto de esta empresa de origen español, que luego de anteriores protestas decidió cambiar de razón social. Al concluir la reunión de trabajo, reporteros quisieron entrar a los terrenos donde se almacena el coque, sin embargo, guardias de seguridad privada sólo permitieron el acceso a los diputados y al enviado del gobierno de Duarte.