COLIMA, Col. (apro).- Por unanimidad, el Congreso local aprobó hoy la nueva Ley para la Protección de Víctimas, que resguarda las garantías no sólo en el contexto de un procedimiento penal, sino también en el marco de las violaciones a los derechos humanos. El nuevo instrumento jurídico establece el principio pro persona, que consiste en aplicar las disposiciones que protejan de manera más amplia a las víctimas en el contexto de lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así también, como parte fundamental de la legislación, se establece la creación del Centro Estatal de Atención y Protección a Víctimas del estado, como institución auxiliar de la Procuraduría General de Justicia, que tendrá por objeto fortalecer y promover acciones de apoyo, asesoría y consulta a favor de las víctimas y ofendidos en coordinación con las instituciones previstas en la norma en el ámbito de sus respectivas competencias. El dictamen, presentado en la tribuna por los diputados  priístas Arturo García Arias y Martín Flores Castañeda, y por el panista Héctor Insúa García, considera que si un juez advierte una violación a derechos humanos de la víctima, deberá notificarlo inmediatamente no sólo al  Ministerio Público, sino a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, para que la investigación y reparación sea más directa e inmediata. La nueva ley regula como principios rectores en su aplicación la buena fe, debida diligencia, gratuidad, igualdad y no discriminación; integralidad, indivisibilidad e interdependencia; publicidad y transparencia; la dignidad, complementariedad, enfoque diferencial y especializado; enfoque transformador, máxima protección, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, así como rendición de cuentas y trato preferente. Otra de las garantías que la legislación aprobada otorga a las víctimas es la de contar con un asesor jurídico con título de licenciado en derecho, en igualdad procesal con el imputado, así como el hecho de que las autoridades ministeriales y judiciales garanticen la seguridad de víctimas, familiares y testigos dentro del procedimiento judicial.