XALAPA, Ver. (apro).- Desde hace más de 20 días, comuneros, pescadores y prestadores de servicios turísticos de Jalcomulco, Tamarindo y Tuzamapan acampan a orillas del río “Los Pescados”, para evitar que la empresa brasileña Odebrecht continúe con la construcción de una hidroeléctrica que, afirman, dañaría la vida turística y la actividad pesquera de la cuenca de La Antigua, en la zona centro del estado. Los inconformes, en cuyos campamentos instalaron cocinas comunitarias, dicen que no se retirarán hasta que el gobierno de Javier Duarte cancele definitivamente el proyecto. Luego de que la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunciaron que en 20 o 25 días darán su veredicto final sobre la construcción de la presa, los campesinos y pescadores de la región advirtieron que será hasta entonces cuando decidirán si se retiran del lugar. "El gobierno no nos escucha porque los oídos los tiene tapados, y si no nos ve es porque están ciegos. No nos vamos a quitar hasta que nos den un papel sellado y firmado que diga no a las presas”, subrayó Alejandro Gallardo, integrante del Comité de Pueblos Unidos contra las Presas. De acuerdo con esa organización, el gobierno de Veracruz es “juez y parte” en el conflicto con la empresa brasileña, debido a que la administración priista –agregó– asumirá, con posteriores dividendos, 30% del monto total de la inversión. Jorge Milán, otros de los activistas en defensa del río, aseguró que desde que estalló el conflicto, los funcionarios del gabinete de Duarte sólo llegan, “toman anotaciones”, los escuchan por horas sin dar una respuesta concreta, y al otro día ven en los periódicos un boletín hablando bien del proyecto de la presa. Aunado a ello, apuntó, algunos vecinos de la población ya han sentido la “presión” e intento de “cooptación” del gobierno de Veracruz, que a través de servidores públicos de la Subsecretaría de Gobierno y la Dirección de Política Regional buscan obligarlos a vender sus terrenos, so pena de una expropiación.