TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En Chiapas quedó prohibido otorgar licencias y permisos de construcciones para los centros donde se presentan espectáculos que “atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana”. Sin embargo, las reformas no son claras en cuanto a qué sucederá con los lugares que ya tienen permiso de uso de suelo para operar esta clase de giros mercantiles, como table dance. Por unanimidad, hoy el pleno del Congreso local aprobó en una sesión extraordinaria la iniciativa de decreto por el que se reforman los incisos Aa, d y f de la fracción VI del artículo 70 de la Constitución estatal. Estas reformas ordenan a los ayuntamientos a que en su zonificación y planes de desarrollo urbano municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para los centros donde se presenten espectáculos que atentan contra la moral, las buenas costumbres, fomenten la trata de personas y/o atenten contra la dignidad humana. Esta iniciativa podría ayudar a reducir el grave problema de trata y prostitución que existe en el estado, en particular en ciudades como Tapachula, en la frontera con Guatemala, zona que es conocida como “el burdel más grande de la frontera sur”. Información de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reporta que en 2013 se rescataron 403 víctimas de trata de personas, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 17 años, originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México. Reportes de organizaciones sociales aseguran que además de la explotación sexual que se registra en esos lugares, se ha detectado que las mujeres son llevadas a estados del centro del país con fines de prostitución y pornografía infantil. En cuanto a lo que sucederá con los negocios que actualmente ofrecen este tipo de “servicio”, cuando de publiquen las reformas de ley, diputados dieron versiones distintas. Neftali del Toro Guzmán, presidente de la mesa directiva del Congreso, explicó que ya no serían los ayuntamientos los que otorgarían los permisos, sino el Estado, pero que se continuarían dando. Jorge Hernández Vielma, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, comentó que no se otorgaría ningún permiso más y que la ley también aplicaría a los establecimientos que actualmente están abiertos. El dictamen que presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que fue votado a favor, se refiere sólo a los nuevos permisos y licencias; es decir, no habla sobre los que ya existen. Tampoco menciona las sanciones que se podrían dar en el caso de se operara un establecimiento de este tipo. De cualquier forma, aún falta que los cambios a la Constitución sean aprobados por la mayoría de los ayuntamientos. Se prevé la posibilidad de que se hagan cambios al Código de Procedimientos Penales para definir la pena por incurrir en este delito.