MÉXICO, D.F. (apro).- El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, calificó como “una invasión a la privacidad” y “criminalización” de los adolescentes la supervisión del contenido de los teléfonos celulares a estudiantes de secundaria, medida anunciada por autoridades educativas de Chihuahua en esta semana. De acuerdo con información divulgada por El Diario de Parral, retomada en el portal de Proceso el martes 4, el subjefe de Servicios Educativos del municipio chihuahuense de Hidalgo del Parral, Raúl Antonio Conde, sostuvo que giró instrucciones a directores de escuelas secundarias para revisar “aleatoriamente” los teléfonos móviles de los estudiantes ante un supuesto “incremento de quejas contra jovencitas, de que se envían imágenes eróticas de ellas a sus compañeras de clase”. El funcionario consideró como “muy preocupante” la práctica conocida como sexting entre adolescentes de entre 12 y 15 años, quienes se toman fotografías con sus aparatos celulares y las envían a través de la aplicación de WhatsApp. Ante el anuncio, Pérez García reprobó la respuesta de las autoridades educativas de Hidalgo del Parral ante un fenómeno que “no es privativo de México, sino que forma parte del desafío que tienen las sociedades por incorporar nuevos elementos en sus vidas en este caso de tecnologías”. Al recordar que desde hace dos años Naciones Unidas consideró como un derecho humanos el acceso a Internet, “derecho del que no pueden estar excluidos los niños, niñas y adolescentes”, el defensor destacó que en México “más de 60% de los usuarios de Internet y telefonía celular son menores de 18 años, recursos tecnológicos que son utilizados no sólo para comunicarse entre ellos y sus familias, sino para acceder a conocimientos y al mundo, y es terrible que se les criminalice por ello”. Ante preocupaciones que parecen estar marcadas por una “doble moral” y de que se corre el riesgo de ser extendidas a otras partes del país, “tratando de tranquilizar las conciencias”, Pérez García sostuvo que lo que revelan las reacciones de los funcionarios educativos de Chihuahua es “la omisión del Estado mexicano para desarrollar programas de educación sexual que permitan que este tema específico del erotismo, el reconocimiento de su propia identidad y la decisión sobre su cuerpo estén acompañados de criterios y de elementos de protección”. De lo contrario, agregó, sólo se estará criminalizando a los adolescentes y se estarán violando los derechos a la privacidad y a la intimidad, previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues “no hay ningún argumento legal que sustente que las autoridades ni los propios padres de familia puedan intervenir o hacer uso invasivo de los teléfonos móviles de las y los adolescentes, porque ese mismo criterio tendría que aplicar a los adultos, con lo que no estamos tampoco de acuerdo”. De continuar el proyecto y extenderse a otras ciudades, advirtió, será un proyecto fracasado, como lo fueron los operativos Mochila segura y sus variantes, que “no han reducido la presencia de violencia en establecimientos educativos, temas de preocupación del mundo adulto” Al insistir en que el sexting es un fenómeno global, el defensor de los derechos de la infancia consideró este fenómeno como “una expresión de construcción de identidad juvenil que amerita el acompañamiento de las instituciones, razón por la que no se puede prohibir a nadie que se tome fotos desnudo o como sea, porque tiene que ver con la decisión del propio cuerpo, y las niñas, niños y adolescentes requieren orientación, educación sexual laica, no moralista, para entender los riesgos que se presenten”. El director ejecutivo de la Redim reconoció como un riesgo que adultos ligados a redes de pedofilia y pornografía infantil tengan acceso al material fotográfico de menores para su distribución global y que “hasta ahora, en casos aislados, la identidad de los chicos y chicas pueda ser localizada y los coloque en riesgo ante grupos de trata con fines de explotación sexual”. También insistió en que las instituciones del Estado están obligadas a “desarrollar y acompañar la alfabetización de los medios, para que niños, niñas y adolescentes conozcan las ventajas y riesgos de las redes sociales; lo peor –alertó– es criminalizar y más aún invadir la privacidad”.