CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Asesorados por el PAN, los hijos de una de las nueve víctimas mortales del espectáculo Aeroshow que se efectuó en esta ciudad el 5 de octubre del año pasado, interpusieron un recurso legal para cobrar la indemnización por la muerte de su madre, María Cristina Baca. Con fundamento en la Ley de la Responsabilidad Patrimonial, Diana Cristina, Eloy Alonso y Javier Iván Valencia Baca presentaron la demanda ante el secretario del ayuntamiento, Fernando Mendoza. Un grupo de diputados y regidores panistas acompañó a los familiares de la víctima, con el fin de que la autoridad municipal pague la indemnización y sea la autoridad la que enfrente el proceso jurídico, junto con la asociación civil, por la negligencia para evitar la tragedia. César Jáuregui Moreno, coordinador del PAN en el Congreso local, explicó que la idea es apoyar a las víctimas en la atención médica y gastos funerarios, con miras a que el ayuntamiento cumpla con su responsabilidad ante fallas evidentes. Sin embargo, aclaró que la demanda no significa un enfrentamiento con la presidencia municipal, ya que acordaron con el alcalde, el priista Javier Garfio Pacheco, privilegiar el diálogo a favor de las víctimas y sin llevar los casos a un plano político-partidista. En la demanda se indica que los organizadores y quienes autorizaron el evento incumplieron con las medidas de seguridad, pues los vehículos que participaron en la exhibición no fueron revisados ni certificados y el lugar tampoco fue acondicionado debidamente. El día del percance, una camioneta “monstruo” embistió a los espectadores, dejando como saldo nueve muertos y más de 80 lesionados. Al cuestionarle a Jáuregui si demandarían a la asociación civil denominada “Eventos extremos del municipio de Chihuahua” y a la administración pasada, respondió que el pleito debe ser entre ésta y el municipio, pues no es justo que las víctimas enfrenten a la asociación civil para que pague los 18 millones de pesos erogados por la atención médica y funerales, sin contar otros gastos. El ayuntamiento, explicó el legislador, es el que debe actuar con base en el incumplimiento del convenio que establecieron, es el que debe reclamar a quienes cometieron “actos criminales” con la fuerza política de representatividad que se tiene contra la asociación civil. En tanto, el secretario del ayuntamiento Fernando Mendoza recibió la demanda y dijo que la analizarán para ver su viabilidad y tomar una decisión, al tiempo que aseguró que están en total apertura para atender y apoyar a las víctimas.