TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La evaluación magisterial será obligatoria en Chiapas, y en aquellos casos donde el maestro no alcance un resultado favorable tendrá que abandonar esa función y cumplir tareas administrativas. Ello se desprende de las reformas y adiciones a la Ley de Educación Estatal aprobadas el domingo 9 por el Congreso local, con lo que las leyes locales y la reforma educativa quedaron armonizadas, tal como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente. La norma detalla que si en la tercera evaluación el maestro no cumple con los parámetros, dejará sus funciones frente a su grupo y será asignado a un área administrativa, pero se respetarán sus derechos laborales. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Educación Estatal, “el proceso de evaluación deberá ser sistemático, integral, obligatorio, científico y periódico. Deberá promover la participación de todos los actores educativos y se realizará cumpliendo las formalidades, procedimientos y lineamientos que para tal efecto expida el instituto en términos de la ley respectiva. Los resultados –añade– serán objetivos, observables, transparentes, ciertos y públicos”. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua que corresponda y también en español. En su artículo 23, la Ley de Educación en Chiapas también incluye la autonomía de gestión en escuelas públicas, entendida como el conjunto de acciones que les permita tomar decisiones para su mejor funcionamiento conforme a la legislación aplicable. En ese sentido, apunta, “deberán administrar en forma transparente y eficiente los recursos  que reciban del Estado, con base en su planeación anual de actividades. La autonomía de gestión no implica la privatización de las escuelas ni de elemento alguno del sistema educativo”, subraya. Señala que en ningún caso las autoridades educativas podrán obligar a los padres de familia, alumnos o maestros a realizar trabajos de mantenimiento en los centros escolares, y tampoco exigir pago alguno que condicione el acceso a la educación. En los artículos transitorios se especifica que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente reforma de ley, “se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo para el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes”. Asimismo, en el artículo 26 queda asentado que corresponde al Poder Ejecutivo del estado “coadyuvar con el instituto en el diseño, instrumentación y vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados en el marco del servicio, a través de un organismo con autonomía técnica y administrativa que para tal efecto cree”. Este nuevo organismo tendrá tres meses para ser creado. De acuerdo con Neftalí del Toro Guzmán, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, la adecuación de la ley local busca transparentar los procesos de evaluación, por lo que se establece que la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia son principios fundamentales en los que se basarán los procesos de evaluación, y se propone la integración de un comité de transparencia. El legislador señaló que se buscan procesos de evaluación respetuosos de los derechos constitucionales y legales de los docentes y la “permanencia en el servicio educativo”. En este sentido, precisó, se establece que en el caso de que uno de los docentes con nombramiento definitivo a la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional Docente se ubique en el supuesto de no obtener resultados suficientes en las evaluaciones, no será separado de su empleo, sino readscrito dentro de la propia estructura educativa, con base en su perfil. Luego de manifestar que se respetarán los derechos constitucionales y laborales en caso de readscripción (sueldo, prestaciones y demás derechos adquiridos), dejó claro que no se ocasionará perjuicio a otros derechos laborales como antigüedad, vacaciones, pensión, jubilación, seguridad social, cambios geográficos y otros beneficios adquiridos por los profesores. Agregó que en los casos de readscripción, con la reforma local se busca “asegurar el mejor beneficio para el personal docente en la  determinación del nuevo centro de trabajo. En este sentido se establece que la autoridad educativa, previa garantía de audiencia, ubicara al docente en otro centro de trabajo en el mismo municipio o zona escolar, en la unidad administrativa de la Secretaría de Educación más cercana a su anterior centro de adscripción, en alguno de los programas educativos que la Secretaría de Educación ejecute, o al interior de los organismos públicos educativos del estado al que pertenezcan”. Pasar de la palabra a los hechos, pide Coparmex Los empresarios chiapanecos afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aplaudieron este lunes la adecuación de la reforma educativa al marco jurídico estatal, y pidieron a los poderes Legislativo y Ejecutivo pasar de la palabra a la aplicación efectiva de las reformas. “Esto es posible únicamente a través de la correcta implementación de la legislación modificada en cada estado del país, para que el beneficio que plantea sea real para todos y cada uno de los ciudadanos”, puntualizaron en una misiva. Ayer, luego de aprobado el decreto para adaptar la reforma educativa federal a la Ley de Educación Estatal, alrededor de un centenar de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron al Congreso local para protestar. En las rejas metálicas del edificio, los docentes colgaron mantas y gritaron consignas contra lo que consideraron un “albazo” por parte de los representantes populares de Chiapas. “A nosotros nos queda sólo la resistencia, la insurgencia y la desobediencia”, advirtió uno de los oradores en el mitin. Añadió: “Estúpidamente el Congreso de Chiapas ha declarado la guerra a los maestros de Chiapas”. Señaló que los legisladores no pudieron o no tuvieron la capacidad de leer el mensaje del movimiento en el que participaron alumnos y padres de familia, y por ello, apuntó, se declararon en “alerta máxima” y convocaron a una movilización para mañana y el miércoles. Será una concentración en la capital del estado, principalmente para tomar el Congreso local, adelantó. Sin clases desde septiembre El organismo no gubernamental Melel Xojobal denunció que al menos 680 alumnos de seis escuelas de Los Altos de Chiapas no tienen clases desde septiembre de 2013, después de que sus maestros se unieron al paro de labores contra la reforma educativa. El pasado jueves 7, autoridades educativas de las comunidades de Tabac y Coco, del municipio de Aldama; Nashinich y Pocolton, de San Andrés Larráinzar, y Parajes de Tentic y Jitic, de Chamula, denunciaron ante la organización civil, con sede en San Cristóbal de Las Casas, la ausencia de los maestros de la zona escolar 013 de Ya’alhichin. Señalaron que desde “mediados del mes de septiembre los maestros dejaron de laborar porque fueron al paro por cuestiones de las reformas laborales que hubo en todo el país”. El paro terminó el 25 de noviembre, pero los profesores de la comunidad ya no regresaron, “algunos sólo llegaron para sacar algunos papeles y se llevaron sellos”. Añadieron: “Nosotros ya llegamos a la supervisión de zona, a la Secretaría de Gobernación y a las subsecretarias, pero no nos hacen caso, sólo nos han dado promesas de que llegarán nuestros maestros, pero hasta la fecha no hemos visto nada”. Los padres de familia manifestaron que el único interés que tienen “es sobre los derechos de nuestros hijos. La gente está cansada de no ser escuchada y que los derechos se pasen por alto”. Asimismo, responsabilizaron al profesor Óscar Gómez Pérez, auxiliar de la supervisión de la zona 013, de obstaculizar la entrada de maestros a las comunidades, a cambio de la salida de la supervisora Carmen Hernández Hernández. “Óscar menciona que hasta que no salga la maestra Carmen no llegarán los maestros a las escuelas”, indicaron. Ante tales hechos, Melel Xojobal hizo un llamado urgente al gobierno del estado para que atienda la situación y garantice el derecho a la educación de los niños.