CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) dio a conocer hoy que los cinco jóvenes implicados en la explosión del coche-bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010, fueron excarcelados el pasado viernes 7. En un comunicado, el organismo precisó que Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí “recuperaron su libertad luego de tres años y medio de encarcelamiento injusto en diferentes penales de la República por un delito que no cometieron”. Los cinco jóvenes se encontraban privados de su libertad en cárceles de Veracruz y Nayarit, acusados de delincuencia organizada, armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas. Los cargos por el “bombazo” nunca fueron fincados por parte de la autoridad, añadió. A principios de año el director del CDHPN, el presbítero Óscar Enríquez Pérez, señaló que los indiciados podrían recuperar su libertad, luego de que la aplicación del Protocolo de Estambul –que comprueba el uso de la tortura para declararse culpable– resultó positiva en uno de ellos. Fue el 8 de enero del 2014 cuando les notificaron, a través del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, el resultado del peritaje practicado a Víctor Manuel Martínez Rentería. De acuerdo con el CDHPN, durante una reunión que sostuvieron con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se acordó que con uno de los peritajes que saliera positivo sería suficiente para reconocer que el resto de los acusados fueron torturados, por lo tanto quedaría abierta la posibilidad de un desistimiento de la acción penal por parte de la PGR o, en su caso, en conclusiones no acusatorias. Según el texto difundido por el Centro de Derechos Humanos, finalmente se aplicaron tres protocolos de Estambul a los detenidos en diferentes momentos, para demostrar que fueron torturados desde su aprehensión. Con el último protocolo, aplicado por la misma PGR, consiguieron su liberación al salir positivo. El proceso judicial tenía varias irregularidades y contradicciones, “a tal grado que las autoridades tuvieron que cambiar los cargos a nuestros defendidos al no poder sustentar su participación en el atentado”, explicó la asociación civil defensora. Luego de señalar que aún está pendiente la reparación de los daños por el tiempo y maltratos que recibieron los detenidos, solicitó a la PGR que continúe con las indagatorias para que se sancione a los responsables del delito de tortura a los cinco jóvenes. De igual manera, que se cumpla en su totalidad la recomendación 75/2012 que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso. El CDHPN también pidió que se elimine la figura de arraigo y, con base en las recomendaciones que se hicieron a México el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, luego de realizado el examen Periódico Universal, que el Estado instruya a sus fuerzas policiacas y de investigación para que se abstengan de ejercer tortura y malos tratos a las personas que sean detenidas. Y exigió que en el momento que una persona alegue ser víctima de tortura, inmediatamente el Estado “dé vista al Ministerio público y declare nula cualquier declaración obtenida bajo tortura y que acepte y reconozca en todos los ámbitos los peritajes independientes del protocolo de Estambul". Alrededor de las ocho de la noche del 15 de julio de 2010, un auto cargado con explosivos Tovex denotó en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y calle Bolivia, en Ciudad Juárez. Tras el estallido, dos policías, un médico y un socorrista perdieron la vida. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública del estado emitió un comunicado para informar que el atentado fue como respuesta a la aprehensión de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, líder operativo del grupo criminal denominado La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Como reacción a esta captura, "reportes de inteligencia” señalan que presuntos integrantes de la organización La Línea llevaron a cabo un ataque contra estos elementos de la Policía Federal, puntualizó. El 11 de agosto de 2011, Fuentes Chavira, Amaya Martínez, los hermanos Martínez Rentería y Fernández Lomelí fueron detenidos por agentes federales y puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Secretaría de Seguridad Pública federal informó, a través de un boletín, que los detenidos eran presuntos homicidas del grupo delictivo La Línea, quienes presuntamente participaron en el homicidio de dos policías federales el 7 y 10 de agosto de 2010. Además, señaló que uno de los aprehendidos, Noé Fuentes Chavira, manifestó que había participado en el ataque contra elementos de la Policía Federal el 15 de julio del 2010, cuando fue detonado el coche-bomba. La entonces SIEDO mantuvo bajo arraigo a los cinco jóvenes durante 80 días y posteriormente fueron consignados por los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de fuego y posesión de mariguana, artículos que supuestamente les encontraron al ser detenidos.