GUANAJUATO, Gto. (apro).- El megaproyecto Escudo, estrategia del gobierno del panista Miguel Márquez para reforzar la vigilancia en la entidad mediante tecnología de punta, fue asignado mediante un procedimiento irregular en el que no se contó con la autorización del Congreso del Estado y tampoco se comprobó que la empresa favorecida, Seguritech, presentó la mejor propuesta para aplicarse en la entidad, concluyó una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS). Esta auditoría fue ordenada a principios de 2013 mediante una petición del propio gobernador para “no dejar dudas a la ciudadanía” sobre la asignación del proyecto y fue aprobada a fines de diciembre pasado por la mayoría de diputados del Congreso, con los votos en contra de los 11 legisladores del PRI. Sin embargo, no se conocieron los detalles de la revisión hasta hoy que el periódico local Correo publicó el contenido, que detalla anomalías observadas por los auditores del OFS. De acuerdo con el informe, la asignación de este proyecto se efectuó “indebidamente”, sin la autorización del Congreso, a pesar de tratarse de un contrato plurianual por el cual se pagarán a la empresa Seguritech cerca de tres mil millones de pesos en total, en un plazo que vence hasta 2018. Esta observación pasó de noche para los diputados locales, a pesar de que son los únicos facultados para aprobar un contrato multianual como éste y ellos mismos ordenaron la auditoría. En la sesión en que se sometió a aprobación el dictamen de auditoría, diputados del PRI objetaron que se hubiera programado vía fast track, sin darles tiempo para revisarlo. Proyecto Escudo arrancaría, según el gobernador Márquez, en abril próximo, aunque inicialmente se anunció que estaría operando desde diciembre pasado. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, fue quien firmó junto con el secretario de Finanzas, Ignacio Martín Solís, el contrato S.S.P./C4/001/2012 para que Seguritech se hiciera cargo de la instalación de un despliegue tecnológico que incluye cientos de cámaras de videovigilancia, arcos carreteros, centros de mando municipales coordinados por un estatal, modernización de la red de radiocomunicación, así como la capacitación para que el personal de las corporaciones pueda manejar todo el esquema, entre otros aspectos. El contrato fue dado a conocer el 21 de diciembre del 2012. Ante los cuestionamientos de diputados del PRI por la opacidad con que se manejó, fue solicitada una auditoría. A esta petición se sumó el propio gobernador Márquez, quien dijo no tener problemas en que se revisara “de manera preventiva” la asignación y aplicación del proyecto. Pero la auditoría del OFS reveló que el gobernador debió haber autorizado la asignación a Seguritech, y no la Secretaría de Finanzas, como ocurrió, además de que no se desglosaron los precios unitarios de todo el equipo, y tampoco se dejaron claras las cláusulas de garantía en caso de incumplimiento por parte de la empresa favorecida, reveló el periódico Correo. El Congreso, con la aprobación de los diputados del PAN, se limitó a turnar el informe a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, para que esta instancia determine si se procede administrativamente contra los funcionarios señalados. Sin embargo, la titular de la secretaría –que depende del propio Ejecutivo– Isabel Tinoco Torres, dijo hoy que el informe se encuentra aún en manos de la Dirección Jurídica, que revisa si procede o no darle trámite o es archivado. El asunto va para largo, porque de acuerdo con los plazos de la Secretaría de la Transparencia, en caso de proceder a revisar la actuación de los funcionarios involucrados, éstos podrán comparecer y hacer sus alegatos y la dependencia realizaría su propia indagatoria sobre esta asignación, lo que podría prolongarse hasta julio próximo.