VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El exsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, Mario Llergo Latourniere, denunció y exhibió documentos que, dijo, prueban tráfico de influencias y cohecho en la compra de más de 20 millones de pesos de alimentos para el DIF-Tabasco, en beneficio de familiares del director de Asuntos Jurídicos de la institución, Sergio Eduardo Pulido Pérez. Mario Llergo explicó que de acuerdo con el acta constitutiva 1899, protocolizada por el notario público 11, Carlos Camelo Cano, el 30 de agosto de 2013 se creó la empresa Empacadora Brissa SA de CV, ese mismo día se anotó en el Instituto Registral del Estado de Tabasco y se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Menos de dos meses después, el 22 de octubre, obtuvo dos contratos: el CVDI-71/13 por 11 millones 918 mil pesos y el CVDI-72/13 por 8.5 millones para la adquisición de alimentos para niños menores de cinco años, “aun cuando otras firmas presentaron mejores propuestas”, aseguró Llergo. La razón, dijo, es que el socio mayoritario y administrador único de Empacadora Brissa es Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, segundo vocal del Comité de Compras y encargado del portal de transparencia de la institución. El Comité de Compras el DIF, añadió, fue el que hizo todo el procedimiento administrativo hasta declarar ganadora a la empresa Brissa. Además, remarcó, Consuelo María Caraveo Pacheco, suegra de Pulido Pérez y de Juan Antonio Herrero, es una de las tres personas con poderes amplios en la empresa, según el acta constitutiva. Llergo Latourniere, uno de los coordinadores de campaña de Jesús Alí de la Torre, excandidato priista a la gubernatura, resaltó que el domicilio fiscal de la empresa es el departamento 2-A, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 309 de la colonia Rovirosa de esta capital, una modesta zona habitacional. También criticó que “al vapor” se estén creando empresas para realizar negocios al amparo del poder público, sobre todo, dijo, por familiares de funcionarios que están impedidos por la Ley de Adquisiciones para participar en cualquier licitación y contratos con el gobierno. “Hay todos los elementos que configuran denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia del Estado contra el servidor público por cohecho y ejercicio indebido de funciones”, puntualizó. El exdirigente priista cuestionó si el gobernador Arturo Núñez y su esposa Martha Lilia López, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, no estaban enterados “del manejo poco escrupuloso y complicidad de funcionarios de primer nivel del DIF estatal en la asignación de contratos millonarios a esta empresa familiar”.